Redacción. Un hombre identificado únicamente con el apellido Montenegro fue detenido este martes tras dispararle a un supuesto sicario, en un hecho ocurrido en la salida hacia el municipio de Santa Ana de Yusguare, en el departamento de Choluteca.
El suceso se produjo luego de que el agresor, en complicidad con otra persona, atacara a las hijas de Montenegro: Fabiola, de 23 años, y Darlenis Montenegro Tercero, de 29, quienes se encontraban en un vehículo junto al joven Edwin David Osorio, de 35 años. Una de las hermanas resultó con heridas serias, lo que le impidió abandonar el vehículo.
Los informes preliminares indicaron que, al llegar al lugar, Montenegro creyó que una de sus hijas había sido asesinada y, actuando de inmediato, disparó a quemarropa contra el sicario.
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El ataque ocurrió frente a varios agentes policiales, quienes detuvieron al padre y lo trasladaron ante las autoridades competentes.
El equipo de emergencia, en tanto, trasladó en ambulancia al sicario al Hospital General del Sur, donde permanece en estado delicado. A la joven herida también la llevaron al mismo hospital, en la paila de una patrulla.
Posibilidades
Este caso ha generado un debate sobre las consecuencias legales que Montenegro podría enfrentar. De acuerdo con un experto en derecho penal, entrevistado por un medio local, la acción del padre no podría ampararse bajo la figura de legítima defensa. Esto se debe a que los disparos ocurrieron minutos después del ataque contra sus hijas y no en el momento exacto del mismo.
El análisis legal sostiene que, si Montenegro hubiera actuado durante el atentado, podría haber invocado legítima defensa de un familiar. Incluso habría servido como eximente de responsabilidad penal, permitiendo un posible sobreseimiento o absolución por parte del juzgado o tribunal.
Sin embargo, como Montenegro atacó después de la agresión inicial, la ley considera su conducta como una venganza. Por lo tanto, queda fuera del marco de la legítima defensa.
Montenegro enfrenta dos posibles escenarios legales. Si mata al sicario con los disparos, podría ser imputado por homicidio y recibir una pena de 15 a 20 años de prisión, según el artículo 192 del Código Penal hondureño. En cambio, si el agresor sobrevive, lo acusarían de homicidio en grado de tentativa.
Este caso subraya la complejidad de la justicia en situaciones de violencia extrema y la delgada línea entre la defensa de los propios seres queridos y la comisión de un delito. Las autoridades judiciales continuarán con las investigaciones para determinar el curso legal correspondiente y esclarecer los hechos.
