Redacción. El escándalo por el presunto desvío de fondos públicos con fines proselitistas sacudió a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y puso en duda la transparencia del gobierno del partido Libertad y Refundación (Libre), a pocos meses de las elecciones generales 2025.
Un video filtrado, que al principio se interpretó como un ataque político contra el gobierno de Xiomara Castro, terminó reforzando las denuncias sobre el uso irregular de recursos destinados a programas sociales.
En el video aparece la diputada Isis Cuéllar junto al ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, coordinando la entrega de fondos en Copán, al occidente del país, sin controles institucionales visibles.
Origen de fondos
El dinero proviene del Fondo de Administración Solidaria del Congreso Nacional, asignado en 2024 y destinado, en teoría, a personas vulnerables y pequeños emprendedores, a través del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
Los solicitantes debían presentar peticiones para mejoras en vivienda, educación o negocios, pero la ejecución pasó a manos de Sedesol. Al menos 65 personas recibieron cheques por 100 mil lempiras cada uno.
Desvío y beneficiarios
El video revela que parte de esos fondos fue usado para adquirir kits proselitistas (sonido, carpas, camisetas y sillas), distribuidos entre líderes de 23 coordinaciones de Libre. Algunos cheques alcanzaron los 163 mil lempiras, elevando el posible desvío a más de seis millones.
Entre los beneficiarios figuran “empleados del RNP”, “Secretaría de Educación”, “Hospital Regional de Occidente”, “Municipalidad de Copán”, “Sedesol regional”, “colaboradores del partido en municipios como Concepción”, “San Agustín y Santa Rosa de Copán”, “asistentes de la diputada Cuéllar”, su cuñada Iris Paola Pérez y la candidata a alcaldesa de Nueva Arcadia (Copán), Lilian Montúfar.
Este escándalo se enmarca en una investigación más amplia sobre el manejo de 800 millones de lempiras provenientes del mismo fondo.
Cardona se defiende
El ministro Cardona rechazó los señalamientos en conferencia de prensa y aseguró: “Les aseguro que todo está transparente. No hay opacidad ni corrupción”. También expresó que está dispuesto a dejar el cargo “para no entorpecer nada”, en caso de que se inicie una investigación.
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Explicó que el fondo opera legalmente mediante solicitudes de patronatos y organizaciones comunitarias, y que en 2023 fue asignado a 76 diputados, mientras que en 2024 a 37. Añadió que el presupuesto no es exclusivo de Sedesol, sino que se comparte con otras cinco instituciones.
Cardona calificó la grabación como un acto de deslealtad, atribuyéndolo a disputas internas en Copán. Mencionó además que algunos líderes, como Montúfar, decidieron no cobrar las ayudas.
“No firmé ningún cheque”
Por su parte, Montúfar se deslindó del escándalo, asegurando que “en ningún momento firmé un cheque, en ningún momento se me hizo ver que era un fondo que los candidatos podíamos agarrar para utilizarlo en política”.
Igualmente dijo que se negó a firmar por falta de claridad sobre el origen del dinero, aunque una asistente de Cuéllar se lo pidió. Reconoció que su decisión causó malestar en el partido.
Una práctica común
El escándalo de Sedesol ha generado una serie de reacciones de figuras políticas y analistas.
El jefe de bancada liberal, Mario Segura, reconoció que diputados de su partido recibieron cheques para ayudas sociales en los departamentos que representan. “A algunos nos dieron subsidios que fueron debidamente liquidados, pero no una gran cantidad”, explicó.
Señaló que esta práctica es habitual entre diputados y sus partidos, especialmente cuando están en el poder. Finalmente, justificó la necesidad de los fondos, argumentando que con “un sueldo de 93 mil lempiras para 19 municipios es bien poco lo que uno ayuda”.
Golpe político para Libre
Por su parte, Juan Carlos Aguilar, representante la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) , advirtió que este caso impacta políticamente al gobierno al contradecir su discurso de cambio.
“La narrativa se quedó en palabras y en saliva. Las prácticas son las mismas del pasado, en algunos casos hasta aumentadas”, afirmó, tras cuestionar que diputados administren fondos públicos y pidió sanciones ejemplares.
“Tiene que haber deducción de responsabilidades administrativas, civiles y penales”, añadió.
Aguilar criticó además la fragilidad institucional y el uso discrecional del presupuesto de Sedesol, en contraste con la falta de recursos en salud y educación.
“Es corrupción”
De igual manera, el analista Leonardo Pineda calificó como corrupción el uso de fondos para fines políticos revelado en el video y lamentó la contradicción entre el discurso oficial y los hechos.
“Han predicado mucho que son diferentes, que son honestos… y videos como ese realmente dejan mucho que desear”, aseveró.
Señaló que, aunque se prometió eliminar el fondo departamental, los recursos siguen fluyendo por otras vías. Advirtió que, sin medidas contundentes, el gobierno perderá más credibilidad.
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No es nuevo, pero sigue igual o peor
Carlos Hernández, director de la ASJ, calificó como “grave y moralmente cuestionable” el uso de fondos públicos con fines políticos.
Recordó que desde hace 15 años han denunciado el uso clientelar de recursos y pidió a la ciudadanía sumarse a la exigencia de que el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas investiguen el caso.
Advirtió que estos hechos vulneran la democracia y fortalecen redes de corrupción que involucran a actores del Ejecutivo, Legislativo y estructuras territoriales. Además, criticó la falta de capacidad real de las instituciones para llevar a cabo investigaciones efectivas y reiteró que, si no actúan, lo hará el pueblo hondureño.
Presidenta ordena investigación
Ante la crisis, la presidenta Xiomara Castro ordenó al Tribunal Superior de Cuentas y a la Secretaría de Transparencia abrir una investigación inmediata, con informe en 72 horas y transmisión en cadena nacional.
En su cuenta de X (antes Twitter) exigió transparencia y aseguró que “no se realizan negocios personales, familiares ni partidarios con los fondos del Estado”. La mandataria reafirmó que no permitirá ni aprobará actos de corrupción durante su gobierno.
El Ministerio Público no descarta investigar a diputados que, presuntamente, gestionaron fondos públicos canalizados a través de Sedesol. Yuri Mora, portavoz del ente investigador, indicó que se conformó un equipo de fiscales para indagar el polémico video que circula en redes y medios de comunicación.
La investigación estará a cargo de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública. En caso de identificar personas de interés, ya sean secretarios de Estado o legisladores, serán citadas para rendir declaración.
Este escándalo expone una realidad inquietante para Honduras: mientras la pobreza y la desigualdad claman por soluciones urgentes, la opacidad y la corrupción siguen erosionando la confianza en las instituciones y el compromiso del gobierno.
A pocos meses de las elecciones de noviembre, la transparencia y la rendición de cuentas se vuelven imperativos para restaurar la esperanza y garantizar que los recursos públicos realmente beneficien a quienes más lo necesitan.
