Tegucigalpa, Honduras. Una nueva denuncia por presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad y violaciones laborales sacude a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y al programa gubernamental Red Solidaria, luego de que el ciudadano Óscar Alejandro Zelaya Lara, extrabajador del proyecto y militante del Partido Libertad y Refundación (Libre), interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público.
Se trata de una denuncia formal ante la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) y dirigida al fiscal general de la República, Johel Antonio Zelaya Álvarez.
En su escrito, Zelaya señala una serie de irregularidades que, asegura, ocurrieron durante la implementación del censo urbano del programa Red Solidaria en la ciudad de San Pedro Sula entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.
Asegura haber sido contratado por Héctor Alvarado como supervisor de equipo de zona, junto a numeradores, coordinadores y otros perfiles técnicos, sin que se les brindara copia de sus contratos, sin capacitaciones formales, y sin el cumplimiento de los pagos acordados.
“Cuando llegamos a la escuela Soledad Fernández, donde se realizaría la contratación, no había personal capacitado. Improvisamos el proceso de selección porque vimos decenas de personas esperando empleo”, comenzó diciendo.
Agregó: “Empezaron a encerrarnos en aulas comenzaron a dar talleres. Como a la cuarta reunión nos quitaban los teléfonos y, en reuniones posteriores, nos informaron que los fondos provenían de un préstamo del BCIE, pero nunca se nos dio claridad del monto ni de la legalidad del proceso”, afirmó Óscar Alejandro Zelaya en una entrevista.
Contrato fantasma y fondos millonarios
Según el denunciante, el proyecto fue financiado con recursos provenientes del préstamo IDA 6401-HN, solicitado al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y relacionado con el proyecto de integración y protección social.
Aunque no existe documentación pública sobre el monto exacto del préstamo, dentro del equipo técnico del proyecto circulaban cifras no oficiales que hablaban de más de 950 millones de lempiras.
«El contrato que se firmó del 13 de diciembre de 2024 al 13 de febrero del 2025, hablaba de que solo nos iban a pagar dos meses. En tiempo y forma el trabajo no se hizo, pero sí hubo talleres y capacitaciones. Sí hubo el tema de crear el contrato y la entrega del Pin Siafi, se entregó todo”, indicó Óscar Zelaya.
Sostuvo que “cuando terminó el período laboral en febrero, no nos volvieron a convocar. Yo supervisaba el sector de Chamelecón y, según sé, ninguno de mis 10 o 12 compañeros fue reincorporado. Nunca recibimos pagos ni liquidaciones”.
Inexistente
El simpatizante de Libre afirmó que fueron llamados ocho meses más tarde, para firmar otro contrato.
Óscar Alejandro Zelaya afirmó: “fui al Ministerio de Trabajo, interpongo una denuncia y me dice una abogada, Ana Oseguera Mejía, que el contrato no existe. Pero yo tengo constancias firmadas por funcionarios de Sedesol para abrir una cuenta bancaria y ser incluido en planilla. ¿Cómo puede no existir un contrato si fui contratado formalmente?”.
“Si vamos a presumir que es un gobierno impecable, la transparencia es lo primero”, criticó.
Acusados
Entre los señalados directamente en la denuncia presentada ante UFERCO, figuran Héctor Alvarado, abogado en San Pedro Sula; Tulio Miguel Rivera, coordinador del programa desde Tegucigalpa; Nineth Ramírez, personal administrativo y Jacky Morán, recursos humanos. También se menciona a José Carlos Cardona, exministro de Sedesol y Alejandra López, actual regidora del M28 en San Pedro Sula.
A ellos se les acusa por la presunta comisión de los delitos de corrupción, malversación de caudales públicos, estafa, abuso de autoridad, amenazas de muerte, apropiación indebida e incumplimiento de deberes y violaciones a la Ley de Contrataciones del Estado. Zelaya también solicita que se investigue a cualquier otro funcionario que resulte responsable.
Recomendado por diputados
Zelaya afirma que su incorporación al proyecto Red Solidaria se dio por medio de una recomendación directa del diputado de Libre, Netzer Mejía, mientras que otros ingresaron por recomendaciones de los congresistas Scherly Arriaga, Linda Donaire y Ramón Barrios, quienes les habrían solicitado procesar varios currículums para el programa.
“Tengo pruebas de que subimos los datos a la plataforma, y también constancias firmadas por Tulio Rivera para que se me aperturara una cuenta bancaria y así ingresar a la planilla del proyecto PCI. ¿Cómo es que ahora dicen que no existe contrato alguno? Aquí hay una grave contradicción entre dependencias del Estado”, señaló.
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Amenazas de muerte
“A raíz de nuestras denuncias, las amenazas se han intensificado. Pero no tenemos miedo. Honduras es nuestro país”, declaró.
Además, afirmó que ya se presentó a derechos humanos y cuenta con una constancia por si necesitamos pedir asilo en otro país.
Una de las afirmaciones de Zelaya es que parte del dinero destinado al proyecto lo habrían desviado para financiar campañas políticas internas del partido Libre, justo antes de las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025.
“Todo confabula a que ese dinero lo utilizaron para las elecciones internas, no hay que ser tonto para saber, que hay algo muy turbio detrás”, denunció.
Finalizó afirmando que los supervisores, el equipo de recursos humanos y otros afectados se silenciaron y no denunciaron.
Respuesta
Diario TIEMPO intentó comunicarse con el portavoz del Ministerio Público en San Pedro Sula, Elvis Guzmán, para conocer el procedimiento de la misma, pero se negó a dar declaraciones.
No obstante, el vocero del MP en Tegucigalpa, Yuri Mora, explicó que se recibió la denuncia y que pasará a un listado de las distintas denuncias.
“Las denuncias llegan, se les da el mismo trámite: entra al sistema, al módulo de recepción, después se asigna a la fiscalía que corresponda y se le da el trámite correspondiente. Todas pasan a un sistema y entran a una cola porque hay otras denuncias anteriores que están esperando que las asignen», indicó.
Afirmó que no hay tiempo para indicar cuándo se procederá a establecer señalamientos o requerimientos fiscales en contra de los acusados.
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Casos
Este caso se suma a los escándalos surgidos desde Sedesol, cuando la manejaba José Carlos Cardona.
Uno de los casos que más ha resaltado es el “Sedesolazo”, que surgió de un video que mostraba a la diputada de Libre, Isis Cuellar, sosteniendo una llamada telefónica con el exministro Cardona, en la que se hablaba del uso irregular del Fondo Social.
Tras salir a la luz el escándalo, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizó el secuestro y solicitud de los documentos de distintas secretarías. Hasta el momento no ha habido mayores avances, según se conoció. El caso le costó el puesto dentro del partido a Cuellar, y Cardona tuvo que abandonar su cargo como ministro.
Además de eso, han surgido señalamientos de irregularidad en la gestión mediante el Fondo Social de distintos diputados. Entre ellos se ha mencionado a Fabricio Sandoval, quien habría gestionado cerca de 30 millones de lempiras para diferentes proyectos, de los que no ha rendido cuentas.
Sobre estos casos, las autoridades del Ministerio Público no ha aperturado líneas de investigación. Mientras tanto, la población exige que se esclarezca el uso de los fondos en los distintos casos de corrupción en la actual administración.
