Redacción. Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), calificó como “absurdo” el proyecto de ley que busca elevar a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) a rango constitucional.
Durante la sesión legislativa de ayer miércoles 24 de julio, el Congreso Nacional no logró aprobar el decreto impulsado por la diputada Xiomara Hortencia «Pichu» Zelaya, que elevaba a rango constitucional a la comisión contra la impunidad.
La parte opositora del pleno se abstuvo de votar la moción, argumentando que el decreto no es requisito para la llegada de la CICIH.
Otros sectores han calificado la discusión como un «juego político», puesto que lo que se necesita es la firma de un convenio por parte de la presidenta Xiomara Castro. Pero al mismo tiempo, la oposición tampoco quiere blindar el organismo, afirman.
En ese sentido, Carlos Hernández opinó que buscar elevar a rango constitucional a la CICIH es una forma más de “empantanar” más el proceso que ya ha sido extendido más de dos años.
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“En su momento hubo análisis jurídicos sobre esto y la conclusión que el decreto no procede por dos motivos. El primero es que el organismo es temporal y no permanente. El segundo, es porque se necesitan 86 votos y en un contexto como el que tenemos actualmente, difícilmente se va a lograr”, explicó.
A criterio del analista, el oficialismo busca la “jugada política” para culpar a la oposición de la no venida del ente internacional.
Opción más viable
Además, señaló que una de las opciones más viables es la iniciativa presentada por la diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH), la cual consiste en introducir la figura de querellante adhesivo, ya que para eso sólo requieren 65 votos (mayoría simple).
Añadió que a la clase política sólo le interesaron los consensos cuando beneficiabna a todos los partidos políticos.
La llegada de la CICIH continúa siendo una promesa de campaña que el gobierno no ha cumplido, según la oposición. Mientras que otros sectores aseguran que no se ha cumplido por la falta de voluntad política de ambas partes.