Redacción. La intervención estatal en el caso de Koriun Inversiones, empresa acusada de captar fondos sin autorización, ha generado un fuerte debate legal, sobre todo por los errores de procedimiento señalados por expertos en derecho penal. El abogado Luis Romero advirtió que el Estado ha incurrido en omisiones importantes y actuaciones fuera del marco legal.
En un reciente foro televisivo, Romero expresó que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), al tener conocimiento de la captación irregular de fondos por parte de Koriun, estaba obligada a nombrar una junta liquidadora, aun tratándose de una entidad no regulada. Esa junta, según su análisis, debía ser respaldada por un juez de Letras de lo Civil, quien habría autorizado el proceso de devolución de fondos bajo control judicial.
«Lo que ustedes están haciendo como Estado es desaplicar la ley por conveniencia y eso es un acto indebido. A pesar de que Koriun no es una empresa regulada, la CNBS tiene competencia sobre todo el sistema financiero nacional y tenía que actuar conforme al proceso legal establecido», afirmó.
Otro de los cuestionamientos críticos fue dirigido a la entrega de dinero hecha directamente por Iván Velásquez, gerente de la financiera. Romero cuestionó la falta de supervisión en el proceso, ya que no hay un control que garantice transparencia ni equidad en la distribución de los fondos.
«No puede ser que esta persona esté devolviendo el dinero a quien él quiera sin un control institucional. La CNBS tuvo que decomisar toda la documentación contable para establecer exactamente cuánto dinero había y quiénes eran los verdaderos acreedores», recalcó el penalista.
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Vacío legal
Romero también cuestionó el rol del Ministerio Público y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Aunque reconoció que ambas entidades actuaron en coordinación para asegurar fondos y bienes, dijo que no se siguió el procedimiento adecuado para la liquidación de una empresa que operaba con características de un esquema Ponzi.
Finalmente, hizo un llamado al Estado para que deje de actuar de forma reactiva y asuma una postura investigativa más rigurosa. Es decir, que se enfoque en identificar quiénes están detrás de Koriun, si existen otros socios y cuál ha sido el destino de los fondos captados.
A esto se suma otro vacío legal: actualmente, la captación irregular de fondos ya no está tipificada como delito en el nuevo Código Penal. El cambio complica aún más la persecución penal y deja a los inversores en una situación de incertidumbre jurídica.
«La Ley del Sistema Financiero establece que, ante una captación irregular, deben ordenar que cese esa práctica y se proceda a la devolución del dinero», dijo, por su parte, el abogado Kenneth Madrid.
Koriun Inversiones operaba principalmente en Choloma, Cortés, ofreciendo rendimientos inusualmente altos a cambio de depósitos voluntarios. La CNBS aseguró sus oficinas el pasado 23 de abril, lo que desató preocupación entre los afectados, quienes ahora claman la devolución de su capital.
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