Redacción. Un juez en materia penal dictó la medida de detención judicial contra Juan Carlos Canales Lobo, empleado del Consejo Nacional Electoral (CNE) acusado de cometer delitos electorales en los comicios primarios del pasado 9 de marzo.
El detenido será trasladado al Centro Penitenciario Nacional de Támara como medida de prevención judicial, mientras se espera la audiencia inicial, que, según explicó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, está programada para el próximo viernes 4 de abril a partir de las 8:30 de la mañana.
Canales es el primer detenido en relación a la investigación del caso de irregularidades acaecidas durante las elecciones primarias. Según las investigaciones del MP, el funcionario del CNE es uno de los responsables del retraso en la entrega de las maletas electorales en diversos centros de votación de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
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Además, el Ministerio Público involucra a al menos cinco personas más en el caso, para quienes ya se han emitido órdenes de captura. Los acusados tendrán que rendir declaraciones ante el MP sobre los hechos ocurridos durante los comicios.
Informe
Al finalizar la audiencia, la apoderada legal de Canales informó a los medios que no se pudo solicitar una medida distinta a la prisión preventiva por la falta del avalúo de un inmueble, ya que el acusado llevaba menos de 24 horas detenido y no se contaba con toda la documentación necesaria.
Además, la abogada señaló que el funcionario padece de enfermedades preexistentes. Motivo por el cual la defensa solicitó un informe al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Sin embargo, explicó que el centro de salud negó el acceso a la información sobre las condiciones médicas del detenido, indicándoles que solo podrían obtenerla dentro de un mes.
«Fuimos al Seguro Social y el Seguro Social nos negó la información y nos dijeron que hasta dentro de un mes», manifestó.
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Con todo, informó: «ahorita, el juez va a girar un oficio ordenándole al Seguro Social que nos pueda entregar el expediente médico del imputado. Para poder así solicitar un cambio de medidas cautelares por las condiciones médicas», declaró.
Inocencia
Al ser consultada sobre un supuesto interés político en el caso, la apoderada legal defendió la inocencia de su representado. En este sentido, sugirió que podría tratarse de una supuesta conjura política contra el funcionario del CNE.
«Claro, prácticamente se mira que es político, los imputados son dos del partido Nacional y dos del Partido Liberal. Aquí no vemos de otros partidos políticos», expresó.
Para finalizar, la abogada defendió la inocencia de Juan Carlos Canales argumentando que «él integraba una comisión en la cual solo se encargaba de recomendar al órgano electoral (CNE) hacer algo y quien realmente toma la decisión es el órgano colegiado, no él».
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