Tegucigalpa, Honduras. En la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán, pasó su primera noche el expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Olvin Mejía y otras ocho personas vinculadas al desfalco de esa organización.
Esto, luego de que en audiencia de declaración de imputados, un juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en Materia de Corrupción, ordenó la noche de ayer detención judicial por suponerlos responsables de un millonario desfalco en perjuicio de esa institución gremial.
En ese sentido, aparte de Mejía, fueron enviados a prisión Pastor Eliut Valladares, Oscar Reynaldo Casco, Francisco Arnulfo Valladares y Héctor Rodolfo Andino Maldonado.
Además, Rossel Arturo Euraque López, Santos Porfirio Alvarenga Nolasco y Roberto Andrés Romero. Todos acusados por los delitos contra la Administración de Fondos Públicos y Privados de Jubilaciones y Pensiones y Falsificación de Documentos Privados.
Ante ello, el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, informó que ocho de los imputados fueron trasladados a Támara. Sin embargo, el fiscal Euraque López al Primer Batallón de Infantería.
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Próxima audiencia inicial
En relación a la audiencia inicial, Duarte indicó que la misma quedó programada para el próximo sábado 25 de noviembre. Esto, a las 10:00 de la mañana.
Cabe mencionar que el requerimiento fiscal contra los imputados fue presentado la noche del lunes. Este, referido a la presunta comisión de Delitos contra la Administración de Fondos Públicos y Privados de Jubilaciones y Pensiones y el delito de Falsificación de Documentos Privados.
Los nueve imputados fueron capturados la mañana de ayer en el marco de la Operación Tormenta de Fuego XI. La cual fue realizada por el Ministerio Público y otras instituciones armadas del país.
La causa se basa en la investigación de una serie de irregularidades detectadas en la auditoría ordenada por la Asamblea ordinaria del CAH en el año 2013. Mismas que, fueron presuntamente ocasionadas por los responsables de Administrar el Instituto de Previsión del Profesional de Derecho; las cuales fueron denunciadas al Ministerio Público.
De acuerdo a la acusación presentada, se reflejan cobros irregulares por supuestos “beneficiarios” de seguro de vida. Esto, por una cantidad que asciende a 26,723,818 millones de lempiras en el periodo 2008 al 2010.
