Redacción. A partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, el 10 de junio de 2025, entró en vigencia un decreto mediante el cual se conceden diversas amnistías para aliviar la carga financiera de personas naturales, jurídicas e instituciones públicas que mantienen obligaciones en mora con distintas entidades estatales.
Estas medidas tendrán vigencia hasta el 30 de septiembre de 2025 y abarcan aspectos tributarios municipales, aportes al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), obligaciones con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Instituto de la Propiedad (IP), la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).
La amnistía tributaria municipal permitirá que los contribuyentes, tanto personas naturales como jurídicas, regularicen sus obligaciones pendientes con las alcaldías del país sin que se apliquen intereses por mora, multas o recargos generados hasta el 31 de diciembre de 2024.
Las municipalidades estarán autorizadas a establecer planes de pago durante el período de vigencia del decreto, siempre que estos no excedan el plazo de un año.
Otras amnistías
En el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se concede amnistía por recargos y multas acumuladas por deudas en los aportes patronales y de trabajadores. Para acceder al beneficio, los patronos morosos deberán pagar la deuda principal o documentarla y garantizarla en un plazo de diez meses desde la entrada en vigor del decreto.
El IHSS establecerá las condiciones y plazos aplicables a estas modalidades. Además, se restablecerá el acceso a servicios de salud y protección social para los afiliados cuyos empleadores cumplan con los pagos.
El Instituto también deberá depurar su cartera de cuentas por cobrar consideradas incobrables, apoyándose en información de alcaldías, autoridades tributarias y cámaras de comercio, con el fin de sanear sus registros financieros y facilitar una mejor toma de decisiones.
Por su parte, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) otorgará amnistía sobre multas, recargos e intereses, así como otras obligaciones accesorias derivadas de deudas contraídas hasta el 31 de diciembre de 2024.
Los usuarios que deseen acogerse al beneficio tendrán que pagar únicamente el monto correspondiente al consumo de energía, sin penalidades adicionales. La ENEE estará facultada para establecer los arreglos administrativos y convenios de pago necesarios para implementar esta medida.
Lea también: Publican en La Gaceta reforma a la Ley de Tarjetas de Crédito
Exoneración
Asimismo, se concede amnistía vehicular a los obligados tributarios que no han cumplido con sus obligaciones formales o materiales respecto al pago de la tasa única anual por matrícula de vehículos y otras tasas registrales administradas por el Instituto de la Propiedad (IP).
Esta amnistía permitirá la regularización de las deudas acumuladas hasta el ejercicio fiscal 2024. Exonerará a los contribuyentes del pago de multas y sanciones, siempre que regularicen su situación dentro del período establecido por el decreto.
Igualmente se otorga amnistía a quienes mantienen obligaciones de pago con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel). Personas naturales, jurídicas e instituciones de la administración pública podrán pagar sus deudas sin que se apliquen recargos, intereses o sanciones.
Se autoriza la firma de convenios de pago dentro del plazo de vigencia del decreto, incluyendo a las instituciones públicas. Además, se habilitan procesos de compensación conforme a la normativa vigente. Hondutel definirá las políticas que regirán estos convenios.
Pagos atrasados
Finalmente, los usuarios del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) podrán beneficiarse de una amnistía por saldos morosos acumulados hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta amnistía exime del pago de multas, intereses y recargos por reconexión de servicios, y podrá aplicarse desde la entrada en vigencia del decreto.
El objetivo de esta serie de medidas es facilitar la regularización de obligaciones vencidas y contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas. Además, busca ofrecer una salida viable a miles de ciudadanos, empresas e instituciones que enfrentan dificultades económicas.
El decreto fue aprobado por el Congreso Nacional el 3 de junio de 2025 para promover un ambiente de corresponsabilidad fiscal y sostenibilidad financiera.
