TEGUICIGALPA. Miguel Ángel Mejía, presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), reiteró este domingo que los informes sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de 27 oficiales de la Policía no están concluidos y estos no serán entregados hasta tanto no sean llevados a su final.
El funcionario, aclaró a través de la radioemisora HRN que “no ha habido demora en el conocimiento de estos casos, lo que ocurre es que el Tribunal tenía otros folios pendientes”.
En ese sentido, expresó que “se ha solicitado información de aquellos expedientes que no han sido turnados a los auditores responsables de conocer los mismos”.
“La información no puede ser entregada a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), debido a que las mismas leyes lo prohíben”, señaló Mejía.
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El magistrado presidente del órgano contralor del Estado, destacó que el TSC únicamente está facultado para remitir a la Fiscalía aquellos expedientes en los que hay indicios de enriquecimiento ilícito.
SOLICITAN EXPEDIENTES
Por su parte, Omar Rivera, representante de la sociedad civil expresó que “hay un reto importante de parte de la clase política en el sentido de introducir las reformas legales e institucionales, en aras de perseguir los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otras faltas conexas”.
El miembro de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional, resaltó la debilidad de las instituciones del Estado encargadas de velas por el cumplimiento de las leyes y de operar e impartir la justicia.
En tal sentido, declaró que hay un problema burocrático que hay que resolver. Al tiempo que manifestó que al pedir al Tribunal de Cuentas que actúe con mayor diligencia en el tema de investigación de los 27 expedientes de presunto enriquecimiento ilegal de oficiales de la policía.
“De lo contrario quedará un mal sabor de boca en asuntos como los que vinculan a miembros del cuerpo del orden en hechos de corrupción, si no se facilita el camino para aplicar las sanciones”, arguyó Rivera.
Finalmente, solicitó la adopción de medidas orientadas a destrabar el accionar contra aquellos que se han hecho millonarios en el desempeño de sus funciones públicas.
