Redacción.- Los días pasan y las bancadas de los diferentes partidos políticos que integran el Congreso Nacional no logran concluir con éxito las negociaciones para elegir al nuevo fiscal general y al fiscal adjunto del Ministerio Público. Este día se vence el plazo para que la elección se lleve a cabo como lo establece la Constitución.
En un segundo intento, la Junta Directiva convocó para llevar a cabo la sesión legislativa ayer miércoles a partir de las 2:00 de la tarde. Sin embargo, ante la falta de consensos, se anunció, a través de redes sociales, que se pospondría la sesión.
Seguidamente, los jefes de bancada continuaron con las negociaciones a puertas cerradas. Cinco horas más tarde, se anunció que la sesión se suspendería y se reprogramó para este jueves 31 de agosto a partir de las 11:00 de la mañana.
Cabe resaltar que, según lo establece la Constitución de la República, este último de agosto las autoridades del MP concluyen su mandato y dejan vacante sus cargos como fiscales.
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Actualmente, se han presentado dos nóminas en el hemiciclo legislativo. Una está conformada por el consenso de los partidos en oposición, el Partido Salvador de Honduras (PSH), el Partido Liberal (PL) y el Partido Nacional (PN). Durante la sesión del lunes, el PSH presentó la moción nominativa en nombre de la oposición, misma que propuso a Marcio Cabañas Cadillo como fiscal general y a Jenny Almendares como fiscal adjunto.
Por su parte, el partido Libertad y Refundación (Libre), presentó su propia nómina. Ellos sugieren a Johel Antonio Zelaya Álvarez como fiscal general y a Marcio Cabañas Cadillo como fiscal general adjunto.
En la reunión que sostuvieron los jefes de bancada el martes, la oposición política habría sugerido al partido de gobierno que Marcio Cabañas se desempeñara como fiscal general y que ellos, Libre, escogieran al fiscal adjunto. Oferta a la que no accedieron, según relató el jefe de los nacionalistas, Tomás Zambrano.
Junta interventora en el MP
En medio del suspenso que levanta la ausencia de consensos, se manejó que el oficialismo estaría buscando crear una junta interventora para que tome las funciones de los fiscales a partir del 1 de septiembre.
Las reacciones no se hicieron esperar. El PSH fue el primer ente político en pronunciarse y postularse en contra de que se instale la junta interventora, señalando que el ente acusador del Estado cuenta con una completa independencia funcional, administrativa, técnica, financiera y presupuestaria.
«El Ministerio Público estará bajo la dirección, orientación, administración y supervisión del fiscal general de la República, quien ejercerá sus atribuciones directamente o por medio de los funcionarios o empleados que se determinen en esta Ley o en los reglamentos», enfatiza el texto.
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Por su parte, la bancada nacionalista ofreció una conferencia de prensa en la que afirmaron que no votarían a favor de la creación de una junta interventora para el MP.
«Como partidos tenemos que aclarar de la posibilidad de una junta interventora para manejar las funciones del fiscal. No estamos acompañando la aprobación de una junta interventora. Existen intenciones de querer aprovechar el mecanismo con 65 votos o menos», advirtió el nacionalista Tomás Zambrano.
Por otra parte, el titular de la bancada del PN especificó que los actuales fiscales no seguirán en funciones. «Si no se llega a consensos mañana, vamos a seguir y los que están en el cargo deben mantenerse», puntualizó.
De igual manera, el Partido Liberal de Honduras emitió un comunicado en el que se posicionó en contra de una comisión interventora en el Ministerio Público. Los liberales ven con preocupación que las autoridades del Congreso pretendan crear mecanismos no establecidos en la Constitución.
Es por ello que aseguraron que no se prestarán a votar a favor de «violaciones» al Estado de Derecho y la Carta Magna, en caso de que se sometiera votación tal iniciativa.
Si no hay nuevos fiscales, los actuales continúan
A criterio del abogado Jair López, las actuales autoridades del ente acusador del Estado continuarán en sus funciones si no se eligen los nuevos fiscales.
«El Ministerio Público sigue funcionando, hay diferentes fiscalías en toda la República y tiene sus obligaciones. Este espacio de negociación en el Congreso permitirá que se elijan los fiscales. Esperamos sea antes del 1 de septiembre, de lo contrario van a continuar las autoridades actuales», manifestó.
«Las cosas están calmadas»
Por otro lado, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, recalcó que, pese al ambiente y las expectativas, aún se puede rescatar el marco legal.
«Se eligió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 16 días después. Se presentaron dos mociones y ninguna alcanzó los votos requeridos y aquí no se ha roto ningún orden constitucional, las cosas están calmadas«, apuntó.
Además, señaló que el consenso no podría estar tan lejos. «Que tengan a Marcio Cabañas en ambas nominaciones, hace notorio que hay una gran aproximación de los partidos. Creemos que en los próximos días van a acercarse hacia la realidad de la candidatura que tiene el mayor consenso», sostuvo.
Veeduría internacional del proceso
La coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, Alice Shackelford, aseguró que estará vigilante de la elección de las nuevas autoridades de la Fiscalía.
“Nosotros vamos a dejar que el Congreso haga su trabajo, muy respetuoso de ese espacio del rol del Congreso y naturalmente la responsabilidad que tiene los diputados y diputadas de tener un proceso de transparente, coherente, con el marco legislativo”, expresó.
La representante de la ONU espera que el proceso para elegir a los nuevos fiscales sea un proceso positivo, pacífico, transparente y respetuoso.
El pueblo hondureño y Sociedad Civil también se mantienen vigilantes del proceso de elección de las autoridades del ente investigativo.
