Redacción. Trece trabajadores de una empresa vinculada a una de las principales compañías mineras de Perú fueron hallados muertos en una mina de oro en Pataz, al noroeste del país, días después de haber sido secuestrados.
La minera y las autoridades locales confirmaron el trágico hallazgo este domingo. La minería juega un papel fundamental en la economía peruana, ya que el país es uno de los mayores productores de oro en América Latina.
Sin embargo, la violencia asociada con la minería ilegal ha aumentado en Pataz, lo que ha desbordado las capacidades de las fuerzas de seguridad. Desde febrero de 2024, la región se encuentra en estado de emergencia debido a la violencia generada por la fiebre del oro.
La minera Poderosa, cuya instalación fue el lugar del crimen, detalló en un comunicado que, tras intensas labores de búsqueda, el equipo de rescate de la Policía Nacional de Perú logró recuperar los cuerpos de los 13 trabajadores.
Lea también: Masacre en La Ceiba que dejó 5 muertos estaría relacionada al narcomenudeo
Estos habían sido secuestrados por mineros ilegales vinculados a grupos criminales. Las víctimas trabajaban para una empresa subcontratada por Poderosa, una de las principales mineras del país, que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima y ha sido blanco de ataques de grupos armados vinculados a la minería ilegal en los últimos meses.
Operativo
Fuentes policiales informaron que los cuerpos de los trabajadores siguen en el interior de la mina. La policía ha desplegado un operativo especial para investigar y capturar a los responsables de este acto de violencia.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha ordenado el envío de equipos de élite especializados en crimen organizado, así como divisiones de investigación para hacer frente a la creciente violencia en la región. El Ministerio del Interior destacó en un comunicado que sus agentes están autorizados a utilizar la fuerza si es necesario, siempre dentro del marco legal.
Según la minera Poderosa, este ataque se suma a un creciente número de víctimas en la región, con un total de 39 colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores asesinados por las bandas criminales que han tomado el control de Pataz. Ante esta situación, la empresa hizo un «llamado urgente» al gobierno para revisar la estrategia de seguridad en la zona.
A pesar del estado de emergencia en Pataz y el apoyo de un contingente policial importante, la violencia sigue sin disminuir. La minera expresó su preocupación por la «espiral de violencia descontrolada» que ha empeorado la seguridad en la región.
Exigencia
En Trujillo, ciudad ubicada a unas nueve horas de Pataz, los familiares de algunas de las víctimas esperaban el traslado de los cadáveres a la morgue. Abraham Domínguez, padre de Alexander Domínguez, uno de los trabajadores fallecidos, expresó su dolor y exigió justicia: «Queremos justicia, que esto no se quede allí nomás», dijo a la televisión local.
Por su parte, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos, anunció que se reunirá el lunes con la presidenta Boluarte para discutir posibles soluciones a la creciente inseguridad en la región. «Vengo levantando la voz fuerte, no soy revoltoso, pero me duele lo que pasa en mi pueblo. Si me meten a la cárcel o me asesinan, el único responsable será el gobierno central», afirmó, visiblemente afectado por los hechos.
Entre 2013 y 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú identificó operaciones sospechosas por un total de 8.241 millones de dólares provenientes de la minería ilegal, lo que refleja la magnitud de la criminalidad en el sector. Esta ola de extorsiones y violencia ha llevado a las autoridades a declarar el estado de emergencia en varias zonas del país.
