Redacción. La Unidad de Política Limpia reveló que alrededor de 1,750 excandidatos que participaron en las elecciones generales de 2021 evadieron multas por un total de 2,000 millones de lempiras.
Las sanciones a estos políticos fueron impuestas por no presentar los informes de gastos de campaña como lo exige la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos. Entre los políticos que mantienen deudas pendientes se encuentran tanto funcionarios del actual gobierno, como exfuncionarios y figuras reconocidas.
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Funcionarios actuales morosos:
Los siguientes miembros de la administración actual adeudan multas a la unidad:
- Milton Benítez (asesor de comunicaciones, partido Libre).
- Fausto Cálix (director de Aduanas, partido Libre).
- Gabriel Bonilla (subgerente de Hondutel, partido Libre).
- Gilberto Ríos (director de Fosovi, partido Libre).
- Mario Orlando Suazo (subdirector de Injupemp).
- Julissa Villanueva (subsecretaria de Seguridad, partido Libre).
- Jeycon Roel Acosta (alcalde de Concepción, Ocotepeque, Partido Nacional).
- Marco Antonio Pineda (regidor en la Municipalidad de Ocotepeque, Partido Nacional).
Figuras políticas y exfuncionarios en mora:
- Waleska Zelaya (exdiputada, Partido Nacional).
- Roosevelt Avilez (exalcalde de Talanga, Partido Nacional).
- Orlando Ponce Morazán (excandidato a diputado, Partido Nacional).
- Rony Martínez (exdiputado, Partido Libre).
Un proceso sancionatorio fallido
A pesar de las sanciones impuestas, la Unidad de Política Limpia no tiene herramientas coercitivas para obligar a los infractores a pagar. Esto permitió que los sancionados evadieran dos tipos de multas:
- Inicial: oscilaba entre 5 y 15 salarios mínimos, dependiendo del cargo al que aspiraban.
- Secundaria: alcanzaba los 100 salarios mínimos si persistían en no presentar los informes.
El pleno anterior de la unidad (2017-2024), integrado por Germán Espinal, Javier Franco y Alva Rivera, decidió archivar los expedientes tras considerar la deuda como “incobrable”.
Nuevas autoridades
Emilio Hércules Hernández, actual comisionado presidente de la Unidad, aclaró que los expedientes archivados no pueden ser reabiertos. «Lamentablemente, no se aplicó un elemento coercitivo para ejecutar las sanciones. Estos casos ya no nos competen», explicó.
A futuro, la unidad espera mayor control y cumplimiento. En ese sentido, Hernández externó: «Sólo esperamos en este momento que puedan rendir cuentas».