TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un juez en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción dictó auto de formal procesamiento, pero con medidas diferentes a la prisión preventiva al exdirector de la Policía Nacional (PN), Ricardo Ramírez del Cid y su esposa, Thelma Umaña.
Ambos guardaban una detención judicial en la Dirección Nacional De Fuerzas Especiales en Tegucigalpa (DNFE), también conocido como «Los Cobras». No obstante, con la medida del juez podrán retornar a su vivienda y cumplir otras acciones penales.
La determinación se dio tras la realización de una extensa audiencia inicial en los juzgados capitalinos.
A Ramírez del Cid y su esposa se les supone responsables de la comisión del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
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El requerimiento fiscal de parte de la fiscalía indica que los dos imputados entre los años 2007 y 2016 obtuvieron un incremento de capital que no era compatible con sus ingresos. En tal sentido, no han podido justificar la procedencia de varios millones de lempiras.
Carga probatoria
A través de un comunicado, el Poder Judicial detalló que en la audiencia inicial, las partes procesales presentaron los medios de prueba y además se obtuvo el testimonio de Ramírez del Cid.
Una vez que se valoró lo presentado, el juez que conoce la cauda dictó las medidas. Debido a que no seguirán en prisión y se van a defender en libertad, Ramírez del Cid y su esposa deberán de cumplir con:
- Quedan bajo custodia y vigilancia de sus apoderados legales.
- Deberán de firmar cada 15 días en el juzgado de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción.
- No podrán salir del país.
- Tendrán que presentar una caución a favor del Estado de Honduras por 7 millones de lempiras.
Asimismo, en el comunicado se expresó que si las partes procesales no están conformes con la determinación del juez, tendrán tres días hábiles para interponer un recurso de apelación.
En caso de que no se presente, en los próximos días se va desarrollar la audiencia preliminar, con la intención de elevar la causa a juicio oral y público.