Redacción. En libertad se defenderán tres exfuncionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INP) acusados por los delitos de fraude, estafa, falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos, según el Poder Judicial de Honduras.
Y es que, según lo informado, el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción dictó medidas distintas a la detención judicial para los exfuncionarios Carlos Aguilar, Albertina Gómez y Pedro Santos. Además, se programó su audiencia inicial para el próximo martes 19 de diciembre.
#JuzgadoPenal en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción dictó medidas distintas a la detención judicial para los exfuncionarios del Instituto Penitenciario Carlos Aguilar, Albertina Gómez y Pedro Santos por Falsificación de Documentos Públicos.
Audiencia Inicial 19-Dic pic.twitter.com/oe1smgpdT8— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) December 12, 2023
Por este caso son ocho los empleados del INP que están siendo acusados por la sustracción de fondos pertenecientes a 50 familias de privados de libertad que perdieron la vida en el incendio del Centro Penal de San Pedro Sula en mayo del 2004. En el siniestro fallecieron más de 107 privados de libertad.
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El caso
De acuerdo con la cronología de los hechos, luego de la tragedia en el centro penal, los familiares de los privados de libertad interpusieron una demanda ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en lo que se conoció como «Caso Pacheco Teruel y otros».
Asimismo, el ente de justicia internacional dictó la sentencia en el año 2012, estableciendo que el Estado de Honduras debía pagar a cada una de las 107 familias una indemnización de 317,289 lempiras con 72 centavos.
Seguidamente, en el año 2017, las autoridades comenzaron el pago de la indemnización a través de una comisión para cumplir con la sentencia.
Sin embargo, el MP descubrió que una persona particular cambió 49 de los cheques pertenecientes a las familias afectadas en el Banco Central de Honduras (BCH).
Además, se dio a conocer que la persona que cambió los cheques lo hizo sin autorización de las familias de los privados de libertad fallecidos.
Además de esto, se encontraron inconsistencias en la documentación con las firmas de los afectados y las huellas. Asimismo, la no autorización de muchos expedientes por parte de la comisión creada en el INP. Por lo tanto, las familias afectadas no recibieron su pago correspondiente.
Una vez capturados, los imputados por este caso de fraude deberán responder ante la fiscalía correspondiente por los delitos antes mencionados.
Tres capturas
Por su parte, Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, informó a través de «X» que ya se han ejecutado tres capturas por el caso.
«Informamos que sobre este caso ya tenemos cumplidas 3 órdenes de captura. 2 empleados del INP y un profesional del derecho. Operación en curso, pendiente de más información por nuestras plataformas», posteó el funcionario.
Informamos que sobre este caso ya tenemos cumplidas 3 órdenes de captura. 2 empleados del INP y un profesional del derecho. Operación en curso, pendiente de más información por nuestras plataformas. @XiomaraCastroZ @PoliciaHonduras https://t.co/GzLFWZCS16
— Gustavo Sanchez Velasquez (@hegusave) December 11, 2023
