Roatán, Honduras.- El Juzgado de Letras de Roatán dictó medidas cautelares sustitutivas a seis ciudadanos garífunas acusados de usurpación. El juez informó a ciudadanos sobre el derecho que tienen para impugnar el desalojo preventivo.
Los liberados son Dorotea Eliza López, Richard Armando Martínez, Efraín Sánchez Gómez, Keyder Gonzales, Augusto Dolmo y Melissa Fabiola Martínez.
Asimismo, según el Poder Judicial, se programó la audiencia inicial para el 23 de noviembre a las 9:00 de la mañana.
Ayer, lunes 7 de noviembre, la comunidad garífuna denunció un “desalojo forzado” por parte de la Policía en la comunidad de Punta Gorda, Roatán.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) indicó en Twitter que seis personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad que “demostraron, además de su racismo, la inclinación por la violencia”.
Por su parte, este día, la Secretaría de Derechos Humanos responsabilizó a los Juzgados de Letras de Roatán por la forma en que se realizó el desalojo.
La institución brindó una conferencia de prensa en Casa Presidencial, señalando que el juzgado actuó de forma contraria a los estándares internacionales de derechos humanos. También, en contraposición de representar los intereses de la sociedad.
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Derechos de los pueblos
La titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, indicó que todo desalojo ordenado por un juez debe cumplir las garantías. Así como los estándares mínimos de derechos humanos, que implican respetar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, garantía de reubicación y no utilizar la violencia.
En ese sentido, instó a la Secretaría de Seguridad y a los entes correspondientes, a cumplir con estos lineamientos.
En conferencia de prensa ofrecida este día en Casa Presidencial, la secretaria de DDHH, @RoqueNatalie, anunció el desplazamiento de una comisión a Punta Gorda; para conocer el caso. pic.twitter.com/4fUP9rR73s
— Secretaría de Prensa de Honduras (@gobprensaHN) November 8, 2022
“La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar. Además, en ciertos casos, favorece la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”, cita el pronunciamiento.
Asimismo, exhortó a la búsqueda de soluciones concertadas que no criminalicen, no judicialicen a los defensores de derechos humanos.
Finalmente, Roque expresó que se desplazarán a Punta Gorda para indagar a todos los actores participantes y conocer mejor el caso.
