Redacción. A partir del 10 de mayo, el sistema penitenciario de Honduras iniciará una reestructuración en la distribución de privados de libertad mediante la habilitación de cuatro nuevos módulos de seguridad, ubicados estratégicamente en las tres principales cárceles del país.
La medida, impulsada por el Instituto Nacional Penitenciario (INP), tiene como objetivo principal separar a los reclusos según su grado de peligrosidad y su perfil delictivo.
Los módulos han sido diseñados para albergar a distintos grupos criminales y evitar enfrentamientos internos. En el centro penal de Ilama, Santa Bárbara, se concentrará a los miembros de la Pandilla 18, así como a los reos condenados por delitos como asesinatos y violaciones contra mujeres. Este espacio moderno tendrá capacidad para 1,500 internos y contará con medidas de seguridad reforzadas.
Por su parte, los integrantes de la Mara Salvatrucha MS-13, junto a individuos vinculados a redes de extorsión, serán trasladados a un módulo especialmente construido en la cárcel de Morocelí, en el departamento de El Paraíso. Mientras tanto, en la Penitenciaría Nacional de Támara, en Francisco Morazán, quedarán concentrados los narcotraficantes y miembros de organizaciones criminales de menor rango, como Los Chirizos, Los Olanchanos y El combo que no se deja.
El objetivo es evitar el hacinamiento y las tradicionales disputas entre pandillas dentro de los recintos carcelarios. Esta reorganización permitirá un mejor control interno y mayor seguridad tanto para los reclusos como para el personal penitenciario, según el general Ramiro Muñoz, director del INP.
Muñoz también advirtió que las reubicaciones se harán de manera sorpresiva para evitar filtraciones de información. “Hoy anochecen en Ilama, pero pueden amanecer en La Tolva. Nadie se dará cuenta cuándo rotamos a los mareros”, agregó.
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Derechos humanos
Organismos defensores de derechos humanos han solicitado que estas medidas no limiten el acceso a la información sobre la ubicación de los privados de libertad.
Guadalupe Silva, coordinadora de la Defensoría de Privados de Libertad del CONADEH, expresó su preocupación. La profesional dijo que hay frecuentes llamadas de familiares que desconocen el paradero de sus seres queridos.
En ese sentido, el doctor en derechos humanos Joaquín Mejía pidió a las autoridades penitenciarias no obstaculizar las labores de vigilancia y monitoreo de organizaciones como el Conadeh.
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