Tegucigalpa, Honduras. Con buenos ojos ven empresarios hondureños la posible derogación del impuesto del 1.5 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por parte del Gobierno de la República.
El Poder Ejecutivo, a través del titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Wilfredo Cerrato, aseguró que la eliminación de dicho impuesto se podría considerar.
Esto, siempre y cuando la empresa privada se comprometa, por escrito, a aumentar los empleos y las inversiones en el país. Ante ello, varios empresarios hondureños han opinado al respecto.
Para el caso, el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Eduardo Facussé, dijo a Diario Tiempo Digital que dichos compromisos ya están pactados en el plan 20/20.
“Los empresarios de Honduras firmaron un acuerdo de creación de empleo con el Gobierno. El cual quedó establecido en el plan 20/20 dirigido a crear alrededor de 600 mil empleos”, indicó Facussé.
Asimismo, sostuvo que el “compromiso” ya se hizo, y aseguró que el impuesto del 1.5 por ciento sigue siendo inconstitucional. Además, consideró que dicho impuesto sigue afectando a muchas empresas en el país.
“Lo que debería de hacer el gobierno es buscar nuevas alternativas para favorecer a las empresas que tratan de salir adelante”, acotó el empresario.
Dejó claro que este nuevo año seguirán presionando para lograr un entendimiento con la actual administración. Esto, a fin de poder definir una salida y solventar la crisis que este impuesto ha generado en varios sectores empresariales.
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Más de lo mismo
Por su parte, la también empresaria hondureña, Juliette Handal, aseveró que tendrá que ser el Cohep el que luche por la defensa de los empresarios representados en esa organización.
Al mismo tiempo, la también ex designada presidencial subrayó que el sector empresarial ya no aguanta más impuestos innecesarios. “Hay impuestos que no sirven para nada. Nos han dado más de lo mismo en estos cuatros años. Solo ha servido para comprar armas cuando no estamos en guerra”, arguyó Handal en una entrevista concedida a Diario Tiempo Digital.
La extitular del Cohep, afirmó que en el país no solo el tema de la derogación del 1.5 por ciento es de suma importancia. “En el país, no es el único problema, ya que algunas empresas tienen como clientes a los gobiernos de turno; es por ello que nunca tienen crisis”, apuntó Handal.
Finalmente, manifestó que como empresaria está en desacuerdo que el actual gobierno aproveche la coyuntura que actualmente vive el país. “Hay que ver si es cierto que lo derogarían el 1.5 por ciento; o si solo nos quieren dar atol con el dedo”, puntualizó.
Economista ve favorable que siga en vigencia el impuesto del 1.5% sobre ISR
De su lado, el economista hondureño Claudio Salgado, expresó que a su criterio debe de seguir vigente el gravamen interpuesto por el gobierno a los empresarios.
En ese sentido, Salgado explicó que el impuesto grava al 1.5 por ciento el volumen de las ventas de las ganancias de los empresarios. Esto, con el objetivo de evitar la evasión fiscal.
“Nadie va a trabajar obteniendo pérdidas, por eso considero que el impuesto sí tiene sentido. Ahora, si el gobierno quiere compensar la creación de empleo con la eliminación de dicho impuesto, tendríamos que estar pendientes de quien velará porque se cumpla lo acordado”, sostuvo el economista.
Para finalizar, dijo que no cree que el gobierno elimine el impuesto del 1.5 por ciento sobre el ISR. “Como economista yo mantendría el gravamen y les pediría a los empresarios que me demostraran cómo es que funcionan obteniendo pérdidas”, concluyó Salgado.
Decreto
El pago del 1.5 por ciento fue aprobado por el Congreso Nacional de Honduras. Esto, mediante la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de Exoneraciones y Medidas Antievasión.
Esta ley fue aprobada a través del Decreto 278-2013. El cual fue publicado en el diario oficial La Gaceta del 21 de diciembre de 2013. Además, entró en vigencia el 1 de enero de 2014.
Están sujetas a este cobro las empresas que reportan ventas netas arriba de 10 millones de lempiras. Además, exceptúa de esta obligación a las que reportan menos de la cifra anterior y las compañías nuevas; únicamente los dos primeros años de constituidas.
A los seis meses de su aplicación, en junio de 2014, el Cohep interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Esto, por considerar que dicho impuesto genera una distorsión a la economía del país.
Además, lo calificaban en su momento como un cobro confiscatorio para las utilidades de las compañías nacionales. De igual forma, que afecta la inversión extranjera en Honduras.
