El ciudadano presidente Juan Orlando Hernández ha arremetido contra los empresarios quejosos por las cargas tributarias, quienes, a modo de defensa propia, piden la destitución de la titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), a la que responsabilizan del masivo cierre de medianas y pequeñas empresas.
“Si algún grupo de empresarios pícaros están buscando la destitución de Miriam Guzmán (directora de la DEI), les puedo decir que es una mujer honorable, muy recta, con gran capacidad, de muchos principios”, contesta el mandatario, a la vez que devuelve los dardos:
“Les pido (a los “empresarios pícaros”) que paguen los impuestos porque de allí sacamos los recursos para educación, salud y aumentar casi 1,500 millones de lempiras en compra de medicamentos, en temas de seguridad que son cruciales”.
Como el conflicto entre empresarios y el gobierno está en campo de Agramante a causa de la política tributaria desordenada –incluso con algunos vicios inconstitucionales como la doble tributación—y el excesivo rigor administrativo, los abusos en el cobro de los impuestos, el régimen impone su determinación de recoger dinero a como haya lugar.
Los empresarios afectados inconformes que recurran al Ministerio Público para denunciar los atropellos, recomienda el ciudadano presidente. Después de todo, como se pregona hasta la saciedad, Honduras es un país de leyes y de recta administración de justicia.
El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Miguel Mourra, no oculta su indignación ante el cierre de empresas (expendios de combustibles, restaurantes, bares, pulperías, negocios turísticos, etcétera) en la capital, San Pedro Sula e Islas de la Bahía.
“Estamos atravesando una recesión económica muy marcada –argumenta Mourra–, en que el crecimiento económico será menor del 3%”. Y critica en relación con la Tasa de Seguridad Poblacional: “esos recursos son para dar seguridad al pueblo hondureño y no para financiar policías o militares en los operativos de cierre de empresas por la DEI”.
Tampoco son recursos para gastarlos en propaganda política, disfrazada de propaganda institucional, en la permanente campaña electoral pro reelección presidencial y pro continuismo del régimen fascista, que implica, además, la reducción de las asignaciones presupuestarias para salud pública, educación y mantenimiento vial, entre otras.
La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Aline Flores, también echa su cuarto de espadas: “Es un atropello, por el hecho de cerrar negocios solo porque las facturas no tienen la L (de lempiras) y también porque se han creado reglamentos que van más allá de los alcances legales, como el caso de la Ley de Regulación de Precios de Transferencia”.
