TEGUCIGALPA. Aunque los logros en la macroeconomía del país son evidentes, la presión tributaria es la más alta de Centroamérica (CA), donde los nuevos aportes contemplados en la Ley Marco del Sistema de Protección Social, salarios y carga social afectan la competitividad al igual que la sostenibilidad de las empresas.
Lo anterior fueron algunos de los planteamientos hechos durante la reunión entre miembros de la junta directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y personeros de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes permanecen en la nación desde el pasado 24 de septiembre como parte de la revisión de las metas cuantitativas contempladas en el acuerdo suscrito con el Gobierno, a finales de 2014.
La delegación del ente multilateral está encabezada por Roberto García Saltos, que fue acompañado por la directora de la región centroamericana ante el FMI, Waleska García; Mario Dehesa que funge como representante nacional y Dmitry Plotnikov.
El pasado jueves, directivos de la iniciativa privada sostuvieron un encuentro con la representación del organismo de crédito internacional en el que se exteriorizó la preocupación por los efectos a nivel de la microeconomía y aspectos de carácter fiscal, particularmente con impuestos como el 1.
5 por ciento, el cual es considerado por el COHEP como inequitativo, desproporcionado y confiscatorio, ya que repercute en el flujo de caja, capacidad de inversión a su vez en la ampliación de las sociedades mercantiles.
PLANTEAMIENTOS
“Los empresarios reiteraron que la presión tributaria es la más alta de CA, los nuevos aportes al Sistema de Protección Social, los salarios y la carga social afectan la competitividad y sostenibilidad de las empresas, reducen la disponibilidad de recursos para nuevas inversiones, comprometen el crecimiento de la economía y la generación de nuevos empleos, así como el sostenimiento de los actuales”, destacó la institución en un comunicado oficial.
Asimismo, se manifestó por parte del sector empresarial la importancia del fortalecimiento institucional de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE); la socialización de los reglamentos de la Ley General de la Industria Eléctrica y la reducción de las pérdidas técnicas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) “como condición para reducir el déficit fiscal y garantizar una apertura ordenada del mercado eléctrico”.
CONCLUSION
El COHEP concluyó que una vez estabilizado el sistema debe crearse condiciones favorables al clima de inversión para lo cual el Estado debe adoptar las políticas necesarias que vengan a favorecer la confianza, seguridad jurídica, ciudadana y los incentivos correctos para fomentar la inversión, el crecimiento inclusivo y el empleo.
