Redacción. El empresario estadounidense Paul Farmer ha hecho pública una denuncia formal por presunta corrupción y persecución política contra funcionarios del gobierno de Honduras, entre los que destaca la candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.
La denuncia fue divulgada a través de un video que ha circulado ampliamente en redes sociales, en el que Farmer detalla una serie de presuntas irregularidades legales y actos de persecución política.
Farmer explicó que su empresa construyó el sistema de agua potable y alcantarillado en Honduras tras el huracán Mitch en 1998. Según su testimonio, completaron el trabajo conforme a lo establecido, pero el Estado nunca les pagó, a pesar de que ganaron una sentencia judicial definitiva en los tribunales del país.
«Yo cumplí con la ley, gané una sentencia definitiva en los tribunales hondureños de manera justa», declaró Farmer en el video. El empresario denunció que, aunque su empresa fue la contratista principal, el actual gobierno hondureño habría pagado más de 11 millones de dólares a un subcontratista hondureño, ignorando la resolución judicial que favorecía a la firma estadounidense.
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Lamentó que esta acción representa una violación a los compromisos legales del país y pone en riesgo los intereses de empresas extranjeras. «Ningún activo estadounidense está seguro en Honduras con este gobierno, que claramente desafía sus propias leyes y sentencias», afirmó.
Declaración
La situación escaló cuando, según Farmer, Rixi Moncada compareció en una conferencia de prensa el 3 de febrero de 2023, donde negó públicamente la validez del pago ordenado por los tribunales hondureños.
En el video, Farmer sostiene que este acto dio pie a la intervención del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), dado que considera que se violaron leyes federales estadounidenses.
«Les hablo desde la oficina del FBI. Para ser claro, las autoridades me han confirmado que Rixi Moncada ha cometido delitos conforme a la ley penal de los Estados Unidos», indicó Farmer. El FBI tiene jurisdicción sobre Moncada por la conferencia de prensa del 3 de febrero de 2023, donde ella negó mi pago, legalmente ordenado por las cortes hondureñas».
Farmer también mostró una copia de la denuncia penal presentada ante el director del FBI, y aseguró que ha solicitado formalmente al senador Marco Rubio que promueva la cancelación de visas y la aplicación de sanciones bajo la Ley Magnitsky, una legislación estadounidense que castiga a funcionarios extranjeros involucrados en corrupción y violaciones a los derechos humanos.
«Esto es real, la copia de la denuncia penal presentada ante el director del FBI, contra Rixi Moncada y otros funcionarios hondureños. Esta es la petición para el secretario de Estado, Marco Rubio, para cancelar sus visas e iniciar sanciones, Magnitsky», manifestó.
Denuncia
Farmer también presentó una denuncia por violaciones a los derechos humanos, alegando que la candidata presidencial de Libre impulsa una persecución política en su contra.»La difamación, las amenazas y la extorsión de justicia que he vivido en Honduras violó la ley federal de los Estados Unidos, por eso el FBI está involucrado», expresó.
En su mensaje, el empresario reiteró su compromiso con la legalidad y subrayó que su caso representa una advertencia para otras compañías extranjeras interesadas en invertir en Honduras. «Esto no es política, es represalia criminal y ella está sujeta a la ley de Estados Unidos», sentenció. «La justicia viene, los Estados Unidos de Trump actuarán, la cancelación de visas y las sanciones están siendo evaluadas», declaró.
Para concluir su declaración, Farmer se dirigió al pueblo hondureño con un mensaje enfático: «Al pueblo hondureño, no soy su enemigo. Soy el mejor o peor ejemplo de lo que puede pasarle a una empresa extranjera que invierte en su país. Gracias, Honduras, gracias por apoyarme».
Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han emitido una respuesta oficial sobre las denuncias. La situación podría tener repercusiones diplomáticas y legales, dado que involucra instancias judiciales de ambos países y posibles sanciones internacionales.
