REDACCIÓN. No solo ciudadanos comunes confiaron sus ahorros a Koriun Inversiones, la financiera bajo investigación por presunto lavado de activos. También lo hicieron empleados públicos, incluidos trabajadores de la Municipalidad de Choloma, según confirmó este lunes el abogado defensor del gerente general de la fraudulenta empresa, Iván Velásquez.
Durante la audiencia inicial celebrada en el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en Tegucigalpa, el abogado Roberto Talavera —quien representa a Velásquez y a su esposa, Kefi Gavarrete— reveló que entre los inversionistas de Koriun figuran jueces, políticos, policías, abogados, médicos y empleados públicos.
“Había mucha gente que miraba que era rentable. Invirtieron desde jueces hasta empleados públicos, entre ellos personas que laboran en la alcaldía de Choloma”, afirmó Talavera, en declaraciones que amplían la dimensión del impacto de este caso en el ámbito público y político del país.
Si bien Talavera aseguró desconocer si diputados del Congreso Nacional también confiaron su dinero a la financiera, no descartó esa posibilidad. “Era una oportunidad que muchos hondureños vieron como buena inversión”, apuntó el abogado, al explicar el alcance de la red de clientes que manejaba la cuestionada empresa.
Al ser consultado sobre una posible inversión del alcalde de Choloma, Gustavo Mejía, Talavera se limitó a decir que no tiene conocimiento al respecto. No obstante, la duda persiste y el señalamiento cobra fuerza debido a la cercanía entre la administración municipal y Koriun, evidenciada en un acto oficial ocurrido el 24 de febrero de 2025.
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Permiso municipal entregado por la Alcaldía de Choloma
Ese día, la Alcaldía de Choloma, encabezada por el propio Gustavo Mejía, entregó un permiso de operación a Koriun Inversiones. En el evento público, el gerente general de la financiera, Iván Velásquez, celebró la aprobación del documento y declaró que este “venía a legalizar todo” y disipar la desconfianza que existía en torno a la empresa.
“La verdad, había demasiada incertidumbre, desconfianza y todo. Pero este es un documento que viene a legalizar todo, a seguir creciendo como empresa”, expresó Velásquez frente al edil y a funcionarios municipales.
Según Velásquez, el permiso era un requerimiento de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS), lo que implicaría —según su interpretación— que la institución reguladora estaba al tanto de sus operaciones. Esta afirmación, sin embargo, aún no ha sido confirmada por la CNBS.
Por su parte, el alcalde Gustavo Mejía defendió la decisión de otorgar el permiso, argumentando que el equipo legal de la Municipalidad analizó la documentación presentada por la empresa y determinó que todo estaba en regla.
“Se formó una mesa técnica de todos los empleados, todos los que corresponden a la parte legal. Se determinó que ellos tienen lo que son las constituciones, la sociedad de ellos. No podemos estarles negando el permiso, porque el SAR les dio incluso hasta el 30 de abril para que lo tuvieran. Si lo tienen, y la Comisión de Bancas y Seguros también da un dictamen, se analizó y se les dio”, justificó Mejía.
El edil lamentó que el tema se haya politizado y aseguró que Koriun operaba con normalidad en el municipio. “Ellos han estado operando acá como muchos negocios. Declaran a partir de 2024 y deben ser tratados como cualquier contribuyente”, señaló.
Proceso judicial en curso
Actualmente, Iván Velásquez y su esposa se encuentran detenidos, enfrentando cargos por presunto lavado de activos, tras una investigación presentada por el Ministerio Público. La causa penal continúa su curso en los tribunales. Sin embargo, crecen las preguntas sobre quiénes más podrían estar involucrados en este caso que sacude tanto a inversionistas privados como a funcionarios públicos.
