Cortés, Honduras. «Con préstamos y empeñando cosas hemos sobrevivido», afirmó a Tiempo Digital uno de los paramédicos de la Unidad Médica de Emergencias (UME) del 911, en San Pedro Sula. Esos servidores públicos cumplen tres meses de laborar sin recibir salario, pero sí muchas promesas de pago.
La UME, arteria del proyecto del 911, la inauguró el gobierno de Juan Orlando Hernández en agosto de 2016. En ese momento se dijo que la nueva unidad sería sostenida a nivel nacional con fondos de la polémica Tasa de Seguridad Poblacional.
Cabe recordar que en ese año se puso a disposición de todos los hondureños el Sistema Nacional de Emergencia 911. Dentro de este se cubrirían diferentes llamados para articular las acciones de seguridad, atención sanitaria, convivencia ciudadana. Además de la extinción de incendios y otras que demanden salvamento o protección civil, a través de la línea de respuesta al Nueve, Uno, Uno.
Por ende, se enmarca el servicio que brindan todos los empleados que proporcionan apoyo médico en las ambulancias (carros y motocicletas) y fuera de ellas: enfermeras y paramédicos. Además de motoristas (que trasladan a los anteriores) y encargados de logística.
En la zona Norte la UME está integrada entre 120 y 150 empleados que ahora están en calamidad doméstica.
Pertenecen a Copeco
Uno de los trabajadores, con un salario de 12,000 lempiras mensuales, afirmó que hasta la fecha ya le deben L 36,000.
Aunque ellos trabajan para la UME, legalmente lo hacen para la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). Ya que esta, bajo la dirección de Lisandro Rosales, tiene la «personería jurídica de la Unidad de Emergencias».
Sin embargo, el Ministro Comisionado Nacional antes mencionado, no da una solución pronta a esta problemática. Solo «nos dan largas», enfatiza el afectado mientras destaca que sufren por sus necesidades no cubiertas.
«Somos dependencia de ellos. Son 13 ambulancias en la zona Norte, hay en diferentes puntos. Ejemplo: Dos en la 105 Brigada, una en el parqueo de Diunsa, una en el predio de Altia y otra en Teleprogreso», explicaron.
En ese sentido, estos empleados se mueven hacia diferentes zonas de San Pedro Sula y alrededores para atender las emergencias. Esto lo hacen «durante los turnos de ocho horas» que cubren aunque no tengan dinero ni para trasladarse de sus casas ni para comer en sus jornadas laborales.
Tasa de seguridad sin fondos
Ante las constates peticiones de los trabajadores para que les paguen, sus jefes solo les dicen que «no hay presupuesto de la Tasa de Seguridad» y que la responsabilidad ha pasado a la Secretaría de Finanzas.
Cabe destacar que el portal www.tasadeseguridad.hn registra 16 proyectos a los que va supuestamente destinado el dinero recolectado. Este fondo está bajo la protección de la Ley de Secretos de Honduras.
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Por tal razón, les han pedido que se afilien a la Consulta de Pagos a Beneficiario SIAFI de la Secretaría de Finanzas. «Nos mandaron a todos hace como tres semanas a sacar el RTN y una constancia al banco para que nos dieran un pin-siafi. Y luego recibiríamos el salario desde Finanzas».
«Antes nos pagaban a los dos meses de incumplimiento y nos daban una bolsa solidaria (comida básica), ahora ni eso. Hasta hace una semana empezaron a prestar un carro para irnos a traer a puntos estratégicos y que vinieramos a trabajar», afirmó otro preocupado empleado.
«Nosotros vamos a lugares remotos, donde gente que no tiene ni para el agua. Aveces nos sacamos dinero de nuestras bolsas para darle al paciente», agregó otro.
«Es horrible querer una gaseosa, o una botella de agua y no tener dinero para comprar», enfatizó.
Despido de una enfermera
Los perjudicados también revelaron que meses anteriores los trabajadores protestaron en el portón de Copeco.
A raíz de eso, una enfermera comenzó a «sufrir acoso laboral» y tiempo después fue despedida. Esta dama perdió su empleo sin recibir el dinero de sus derechos laborales», detalló uno de los denunciantes.
