Tegucigalpa, Honduras. Las elecciones primarias e internas del 9 de marzo se llevarán a cabo bajo el estado de excepción, medida que suspende garantías constitucionales de los hondureños, despertando la preocupación de distintos sectores.
El pasado miércoles, el Consejo de Ministros aprobó por segunda vez en 2025, y la dieciochoava vez desde su implementación, la ampliación de la medida del estado de excepción por 45 días más, es decir, hasta el 5 de abril de este año.
El artículo 187 de la Constitución de la República establece la normativa bajo la cual se puede aprobar la suspensión de los derechos constitucionales. Entre ellas, se indica que se debe convocar al Congreso Nacional para que, en un plazo de 30 días, conozca el decreto y lo ratifique, modifique o impruebe. En caso de que estuviera reunido, debía conocerlo inmediatamente. Sin embargo, el Poder Legislativo no ha ratificado la primera extensión de la medida de seguridad de este 2025, debido a la falta de votos.
Además, recientemente, la Sala de lo Constitucional declaró inadmisible uno de los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el estado de excepción, que se refiere a las irregularidades en las prórrogas realizadas por el Gobierno a través de un decreto Ejecutivo (PCM).
Garantías
La medida de seguridad suspende garantías constitucionales, por lo que las autoridades pueden realizar detenciones sin orden judicial. Asimismo, pueden establecer toques de queda o restricciones para entrar o salir de ciertas zonas. También prohibir manifestaciones o reuniones públicas.
No obstante, desde la Secretaría de Seguridad anunciaron que garantizarán que los ciudadanos puedan desplazarse sin limitaciones hacia sus centros de votación y ejercer su derecho al sufragio con normalidad.
Los uniformados establecieron que reforzarán los operativos de seguridad para proteger a los votantes, resguardar el orden público y prevenir cualquier acto que pudiera alterar la jornada electoral. Además, afirmaron que dispondrán de dispositivos de vigilancia y patrullajes estratégicos en las cercanías de los centros de votación, para asegurar un ambiente seguro y propicio durante la participación ciudadana.
Le puede interesar: TJE sin personal ni recursos a días de las elecciones
Autoridades electorales
La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cossette López, es del criterio de que el estado de excepción no debe aplicarse durante el proceso electoral.
“Como consejera, no tengo atribuciones para emitir de manera individual un cuestionamiento respecto a cómo está actuando la parte que corresponde al estado de excepción. Pienso que en un contexto de ejercicios políticos, la libertad es algo que se debe estar ejerciendo sin dificultad. El estado de excepción prolongado ya no es de excepción”, dijo.
Mientras tanto, la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, expresó que, con base en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el día de las elecciones no se debe restringir ningún derecho.
“El estado de excepción no limita los derechos ni la participación política de las personas. Nadie puede impedírselo. La CIDH ya se pronunció y dice que ningún derecho será restringido el día de las elecciones. Por el estado de excepción no debemos preocuparnos, el Estado está llamado a respetar esos derechos”, dijo.
Por su parte, el magistrado del TJE, Mario Morazán, sostuvo que lo recomendable es que no haya estado de excepción en las elecciones.
“Como se ha focalizado, no me parece que habría mayor complicación para afectar el proceso electoral. Lo ideal es que no lo hubiera”, apuntó.
Preocupación y riesgo
El Partido Nacional de Honduras, a través de un comunicado, expuso que sus integrantes están preocupados por el desarrollo de las elecciones bajo el estado de excepción.
“Nos preocupa que esta decisión pueda ser utilizada con fines políticos para dificultar la movilización de la oposición, intimidar a quienes piensan diferente y afectar el desarrollo de un proceso electoral limpio y transparente”, establece.
Asimismo, indicaron que la medida de seguridad únicamente abre las puertas a posibles abusos de poder, represión y restricciones a los derechos y libertades universales de los ciudadanos.
Sobre el tema, la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), en un escrito, expresó que el estado de excepción es un golpe a la democracia.
“Elecciones en medio del estado de excepción: elecciones sin libertad. Alertamos sobre los graves riesgos de celebrar un proceso electoral en medio de un estado de excepción. Nos preocupa profundamente la realización de elecciones primarias bajo esta medida, ya que puede restringir las libertades civiles y políticas necesarias para un proceso electoral genuino”, establece.
