Tegucigalpa, Honduras.– El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, denunció este domingo una serie de fallas técnicas, irregularidades operativas y alteraciones en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Ochoa señaló en conferencia de prensa que dichas situaciones comprometen la confiabilidad del proceso electoral y han retrasado por más de 36 horas la actualización de resultados.
Durante su comparecencia, Ochoa señaló que las anomalías detectadas “generan incertidumbre” por la falta de transparencia en el manejo del sistema.
Inició aclarando la polémica generada por la entrega de una memoria USB a un técnico de su despacho. Ochoa dijo que el dispositivo contenía contraseñas de 50 computadoras destinadas a la contingencia dos, claves que fueron sustituidas de inmediato.
Aseguró que este episodio no está relacionado con los problemas que mantienen detenido el flujo de resultados.
«Las irregularidades que comparto con ustedes el día de hoy son adicionales a las que ya habían sido encontradas el día jueves y cada día vamos encontrando nuevas», afirmó.
El consejero detalló inconsistencias identificadas desde el jueves 4 de diciembre, entre ellas la divulgación de cinco mil actas con resultados en cero, gráficos públicos que reflejan más actas de las existentes, totales departamentales que no alcanzan el cien por ciento y la ausencia de datos en niveles municipal, por centro de votación y en la elección de diputados.
También mencionó la existencia de 27 actas de Cortés y Ocotepeque procesadas sin cumplir las medidas de seguridad requeridas, así como fallas en el módulo de verificación visual que omite casillas completas en la elección legislativa.
Contingencia
Sobre la contingencia uno, Ochoa explicó que computadoras en Yoro y Cortés no fueron conectadas pese a que debían transmitir actas; agregó que algunos equipos tenían códigos distintos a los remitidos originalmente y que otros presentaban actas pendientes, pero no fueron procesados.
Denunció que se registraron interrupciones de servidores en momentos en que se procesaban actas de esos departamentos.
Respecto a la contingencia dos, basada en el escaneo de actas físicas, Ochoa afirmó que debió operar desde el 12 de noviembre, pero continúa inactiva, lo que afecta la revisión de cerca de 7,000 actas retornadas en maletas electorales, parte de las 7,766 pendientes en el escrutinio general.
Otro señalamiento fue la falta de coincidencia entre las bases de datos del CNE, la empresa ASD y los partidos políticos. Según Ochoa, la auditoría externa reporta alrededor de 2,800 actas faltantes, mientras que la empresa implementadora registra unos 4,700 archivos con resultados, pero sin la imagen del acta.
Indicó además que la compañía se propuso copiar esos archivos a las bases de datos del CNE y de los partidos. Lo que generaría nuevas fechas de creación, un procedimiento que calificó como incompatible con estándares de integridad.
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Cambios
El punto más crítico expuesto por el consejero fue la detección de cambios en el hash, el mecanismo que certifica la no modificación del código fuente, de dos módulos del software durante el triple sellado realizado para activar la contingencia dos.
Los módulos afectados serían el de divulgación nacional y el de seguimiento. Según explicó, estos hashes no coincidían con los valores sellados el día de la elección.
De acuerdo con el consejero, la empresa ASD atribuyó las diferencias a reinicios por mantenimiento. No obstante, la auditoría externa aseguró no tener personal en el país para verificar esa explicación.
Ochoa afirmó que los técnicos del CNE no pudieron confirmar que el código sellado el 30 de noviembre era el mismo que estaba en operación.
Además, al revisar los tiempos de funcionamiento, encontraron sistemas con menos de seis días de actividad y otros con apenas treinta y cinco minutos. Esto indicaría reinicios posteriores al sellado.
Dicha situación «compromete la validez de los resultados que se generan a partir de estos sistemas». También expresó que lo anterior expone al CNE «a eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales». En ese sentido, propuso que el Ministerio Público abra una investigación al respecto.
Finalmente, Ochoa recordó que el artículo 282 de la Ley Electoral establece que cualquier modificación al software debe contar con la aprobación del Pleno y el uso conjunto de las tres llaves criptográficas custodiadas por los codirectores de sistemas.
Cualquier alteración fuera de ese procedimiento, advirtió, implicaría que el sistema sellado lo abrieron, modificaron y cerraron sin autorización, sentenció.
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