Omar E. Rivera
Según señala el calendario constitucional, en el mes de enero de 2016, habrá renovación del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); antes de este evento, debe conformarse la Junta Nominadora de candidatos, que propondrán al poder legislativo una lista de 45 abogados y notarios, de entre los cuales, los parlamentarios, elegirán 15, que se desempeñarán como miembros del más alto tribunal de justicia del país, durante 7 años.
Esta elección de los nuevos magistrados de la CSJ, se realiza en un momento histórico, donde la mayoría de la población desconfía del Poder judicial; según una encuesta realizada por una prestigiosa empresa nacional de sondeos de opinión pública, en junio del presente año, 64% de la población hondureña confiaba “poco o nada” en la CSJ. Esta desconfianza se debe, esencialmente, al incumplimiento del mandato institucional, como resultado –tal cual lo apuntan organizaciones de sociedad civil- del “errático y desequilibrado funcionamiento del Poder Judicial y la consecuente crisis que esto ha provocado, donde sobresale la impunidad generalizada que afecta a millones de personas, naturales y jurídicas, que se ven vulnerados en sus derechos y afectados en sus bienes, como consecuencia de un incompetente sistema de seguridad y justicia, que no sanciona al transgresor de la Ley”.
Este reprochable desempeño del Poder Judicial, se debe –en esencia- al mal proceder de su liderazgo, de la cúpula, de quien lo rectora, por lo que la próxima elección de los altos magistrados de ese poder del Estado, se convierte en un hecho que debe causar la atención de todos los sectores de la sociedad; depende en gran medida, de la elección de los nuevos magistrados de la CSJ, el cambio de rumbo que pueda generarse. Si se obvia elegir profesionales capaces, íntegros e independientes, seguiremos transitando por los caminos de la parsimoniosa justicia, el sesgo político-empresarial en los fallos y la generalizada impunidad que nos asfixia.
La incompetencia, corrupción y politización, ha caracterizado al Poder Judicial en las últimas décadas, dejando en total indefensión a quienes acuden a los juzgados, tribunales y cortes, en busca de justicia; la ineptitud institucional y la mora judicial, el tráfico de influencias y los actos ilícitos, y la manipulación política-partidaria, le han dado ventaja al fuerte sobre el débil, al deshonesto sobre el decente, y al rico sobre el pobre. Ante esta situación, urge la depuración efectiva, despolitización inmediata, reforma integral y el fortalecimiento de todos los organismos judiciales; ese cambio radical, es posible comenzarlo a partir de este proceso de reemplazo de magistrados de la CSJ, que se efectúa, a partir de la fecha y que culminará a inicios del próximo año.
Debemos estar atentos a la conformación, funcionamiento y resultados de la Junta Nominadora de candidatos a magistrados judiciales, especialmente en lo referente a que observen irrestricto respeto a la Ley y a los requisitos que la misma les establece a los aspirantes a convertirse en integrantes de la CSJ; los miembros de la Junta Nominadora, deben abandonar sus intereses políticos y gremiales, para privilegiar los colectivos, evitando elegir a los nominados sobre la base de los provechos particulares. Organismos nacionales e internacionales especializados han recomendado que esta selección de candidatos debe realizarse en el marco de “los principios de publicidad, transparencia, solemnidad, ética, escogencia idónea, independencia y respecto a los principios democráticos”.
Los funcionarios del Estado y dirigentes de la sociedad civil que integrarán la Junta Nominadora deben impulsar un proceso de selección de la lista de nominados a magistrados de la CSJ, que establezca con suficiente antelación y precisión el perfil idóneo del togado a ser electo, así como la metodología de evaluación de hojas de vida, realización de las audiencias públicas y sistema de procesamiento de denuncias que se realicen sobre cada uno de los profesionales que participen.
Finalmente, los diputados del Congreso Nacional de la República, una vez recibida la nómina de candidatos propuestos por la Junta Nominadora, deben seleccionar a los mejores 15 abogados y notarios, en el marco de una elección que privilegie los méritos, experiencia, conocimientos, honestidad e independencia de los sugeridos, absteniéndose de escoger sobre la base de intereses partidarios y mucho menos considerar la CSJ, un botín político que hay que repartir entre las facciones parlamentarias con presencia en la asamblea legislativa.
Hoy más que nunca, urge elegir magistrados competentes decentes e independientes, pero sobre todo valientes, que estén dispuestos a luchar en contra de los criminales, delincuentes y corruptos que tienen sumida a Honduras, a la más vil pobreza, violencia e ingobernabilidad.
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