El congreso nacional tiene esta semana una de sus pruebas más difíciles, cual es la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), o sea el reto más importante para el rescate de la institucionalidad judicial y de la seguridad jurídica en nuestro país.
Esta elección –en segundo grado—de un poder en el Estado tiene características inéditas en Honduras porque habrá de realizarse bajo el nuevo sistema pluripartidista, que se aparta, quiérase o no, del predominio hasta hace poco indisputado de los partidos históricos (Liberal y Nacional), o sea el bipartidismo.
Eso quiere decir que en este proceso de elección de la CSJ forzosamente cambian la forma de pensar y los intereses para la conformación del Poder Judicial, entrando en juego una asimetría contrapuesta a la simetría de la dominancia del juego político tradicional. Ese cambio significa, contrariamente a lo que sostiene el conservatismo retrógrado, un significativo avance democrático.
En esta ocasión la intervención de las diferentes fuerzas o tendencias políticas y sociales, que frecuentemente han influido en la escogencia de los magistrados y jueces, han quedado superadas por el surgimiento de la Indignación Nacional contra el sistema, que, como vemos, pugna por no ceder, espacios a la legitimización de la administración e impartición de la justicia.
Y así observamos, a través del neblinoso escenario partidista, una febril actividad para imponer, a cualquier precio y a como haya lugar, el desacreditado procedimiento de la nómina o plantilla previamente conchabada, como si se tratara de un vulgar negocio político en el que prima el ventajismo personal, de grupo o de cofradía y no el interés nacional.
Naturalmente, es muy dificultoso sobrepasar de la noche a la mañana las viejas mañas y las aberraciones que se transmutaron en costumbre, precisamente en sistema. A tal grado que, en este momento, sin querer queriendo (como dice el cómico), los llamamientos “institucionales” de las iglesias, el empresariado y el mismo ciudadano presidente, claman por una elección rápida, sin mayor escrutinio legislativo, en base al controversial desempeño de la Junta Nominadora.
No hacerlo bajo ese patrón tradicional, según el ciudadano presidente Juan Orlando Hernández, “sería una bofetada al pueblo hondureño, y el pueblo nunca va a perdonar eso. Es casi como una traición a la Patria”. En realidad, lo que nunca perdonaría el pueblo hondureño es la continuidad, en todos sus elementos y modalidades, del régimen que él mismo personifica.
Sin embargo, las características del juego han variado, aunque no tanto las reglas, y las negociaciones en la mesa política posiblemente cambiarán la dinámica, dándole a los partidos de oposición la providencial oportunidad de hacer valer su irrevocable potencial multipartidario, su poder de discrepancia, para impulsar el valimiento de la soberanía popular, más allá de los intereses partidistas inmediatos, y actuar desinteresadamente, con supremo criterio político, en función de país.
