REDACCIÓN. El Gobierno de El Salvador anunció ayer viernes la recuperación de más de 11,000 casas que habían estaban usurpadas por pandilleros, en el marco del régimen de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele hace tres años. Esta medida extraordinaria se aplicó tras una fuerte ola de homicidios que conmocionó al país.
Según el informe del Ministerio de Vivienda, desde que Bukele declaró la guerra a las pandillas en marzo de 2022, se logró la recuperación masiva de casas en todo el país. Estas propiedades habían estado tomadas ilegalmente por pandilleros o abandonadas por sus propietarios, víctimas del temor impuesto por las bandas criminales.
Hemos recuperado más de 11,000 viviendas a nivel nacional, afirmó el ministerio, destacando que muchas de estas casas recuperadas estaban en grave deterioro. El 90 % requería arreglos urgentes y el 60 % habían sido parcial o totalmente desmanteladas.
Estas casas recuperadas se encontraban principalmente en los departamentos de San Salvador y La Libertad y en las zonas de Santa Ana y Sonsonate.
Miles de viviendas vendidas a familias de bajos ingresos
Además de devolver parte de estas viviendas a sus legítimos dueños, el gobierno vendió otras 9,044 casas que estaban bajo financiamiento con el Fondo Social para la Vivienda (FSV), pero cuyos dueños originales no pudieron continuar pagando debido al temor a las pandillas.
Estas viviendas se destinaron a familias trabajadoras de menores ingresos, con créditos especiales sin prima y una tasa de interés del 2 % anual. Para eso se destinó un presupuesto de USD 119 millones.
Resultados contundentes
La operación lanzada bajo el régimen de excepción ha logrado cifras históricas en materia de seguridad pública. Las autoridades salvadoreñas informaron que durante este periodo se detuvieron a más de 86,000 supuestos pandilleros, aunque unos 8,000 salieron libres tras comprobarse su inocencia.
Asimismo, las cifras de homicidios han caído drásticamente: de 106 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015 a tan solo 1,9 en 2024. No obstante, el régimen de excepción continúa sufriendo fuertes críticas por diversas organizaciones de derechos humanos, quienes denuncian que este tipo de medidas afecta libertades fundamentales y señalan la posibilidad de detenciones injustas.
