Redacción. A más de una década de su creación, el Mecanismo Nacional de Protección en Honduras sigue bajo la lupa, y, aunque el gobierno incrementó su presupuesto para este 2025, según declaraciones oficiales, organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que el sistema continúa sin garantizar la seguridad mínima para periodistas, defensores y operadores de justicia en riesgo.
El Mecanismo, adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), fue creado en 2015 mediante la Ley de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.
Su objetivo es prevenir y mitigar los riesgos que enfrentan personas que ejercen labores sensibles y que suelen incomodar al poder o a estructuras criminales. Sin embargo, su funcionamiento dista mucho de ser un modelo de eficiencia.
¿Cómo está compuesto el Mecanismo?
La estructura del Mecanismo, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras, incluye una Dirección General, una Unidad de Evaluación de Riesgos, una Unidad de Medidas de Protección, y una Junta Técnica integrada por instituciones estatales y sociedad civil. Esta última debería garantizar el equilibrio entre las decisiones técnicas y el enfoque de derechos humanos.
Además, el Consejo Nacional de Protección, también parte del engranaje institucional, tiene la tarea de formular políticas públicas, aunque en la práctica su accionar ha sido casi simbólico en los últimos años.
Más dinero, pero menos protección
En enero del 2025, desde la Secretaría de Derechos Humanos anunciaron la posible asignación de 60 millones de lempiras para el Mecanismo Nacional de Protección, una cifra que representaría casi el doble del presupuesto del año anterior, que fue de 31 millones. La ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, aseguró públicamente que este aumento respondía a la necesidad de fortalecer el sistema ante el aumento de amenazas contra defensores y periodistas.
No obstante, de acuerdo al portal de transparencia, la asignación final al Mecanismo es de 44.838.781 lempiras, representando un aumento de unos 13 millones en comparación con 2024.
Este incremento se enmarca dentro de un presupuesto general para la Secretaría de Derechos Humanos de 153 millones de lempiras, aprobado en enero pasado. En declaraciones a medios, Álvarez reconoció que uno de los grandes retos del Mecanismo es su capacidad de respuesta oportuna ante situaciones de riesgo.
Además de contar con el presupuesto asignado desde SEDH, Diario Tiempo constató que el Mecanismo recibe una aportación de la Tasa de Seguridad y también recibe recursos de países cooperantes, de la cual no se mantiene una cifra oficial.
Un mecanismo para blindar funcionarios, no a los amenazados
Según denunció la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), al menos 19 millones de lempiras del presupuesto del MNP habrían sido utilizados exclusivamente para el pago de vehículos blindados.
Dina Meza reprochó que, mientras se hagan exorbitantes gastos, las personas en riesgo real no reciben atención oportuna. “Los periodistas y defensores amenazados no tienen acceso a medidas básicas como el traslado desde zonas de riesgo o protección efectiva en sus comunidades”, declaró Meza.
Las críticas van más allá de los gastos. Según Dina, el Mecanismo opera con opacidad y sin controles claros sobre los fondos. “Como no hay una transparencia en reportar los gastos, no sabemos bien el presupuesto que ellos tienen. Y cuando vamos a acompañar casos y pedimos medidas para periodistas, etc., no hay fondos, no se puede dar la protección”, advirtió.
También, reprochó la falta de independencia del MNP respecto al poder político. “El Mecanismo debería ser autónomo, tener un presupuesto independiente, oficina independiente y toma de decisiones independientes, porque los ministros pasan metiendo mano”, sostuvo.
Según datos que maneja su organización, en el primer trimestre de 2025 se han registrado 43 ataques contra medios de comunicación. Además, hay varios periodistas que, a pesar de estar amenazados, han tenido que abandonar la profesión porque el sistema no responde.
Meza también criticó la falta de gestión proactiva desde la Secretaría de Derechos Humanos. “La ministra tiene otras puertas que puede tocar, pero no lo hace porque como está politiqueando, y eso es peligroso también”, concluyó.
Críticas desde adentro
El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Juan Carlos Sierra, quien durante tres años representó al gremio dentro del Mecanismo como concejal, también alzó la voz. Sierra, en exclusiva para Diario Tiempo, dijo que el deterioro del sistema comenzó desde el inicio del actual gobierno. “Identificamos que el Mecanismo fue muy mal manejado, con posiciones sectarias, unilaterales y personales”, dijo.
Denunció que se tomaban decisiones sin consulta al Consejo Nacional de Protección, conformado por representantes del Estado y sociedad civil, lo que debilitó la institucionalidad. Sierra explicó que ciertos funcionarios del actual gobierno que habían sido beneficiarios de medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el golpe de Estado de 2009, siguieron recibiendo esos beneficios incluso después de asumir cargos públicos. “Esa gente no renunció al beneficio”, denunció.
Por estas razones, Sierra decidió retirarse del Mecanismo. “No podíamos seguir avalando esas sinvergüenzadas con nuestra presencia”, afirmó tajantemente.
Aseguró que varios periodistas solicitaron protección y no la recibieron, gran parte de ellos viven en el interior del país y por excusas mínimas se les rechazó la protección. Y al igual que defensores de derechos humanos, se les respondió que “no había fondos”.
Del mismo modo que Dina Meza, Sierra consideró urgente cambios estructurales. “Este Mecanismo debe funcionar de forma independiente, debe haber reformas. Ya con este gobierno es imposible”, opinó.
Una deuda con quienes denuncian
Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y la defensa de derechos humanos. Según reportes de organizaciones internacionales, las amenazas, hostigamientos, y hasta asesinatos continúan sin que se logren garantías reales de protección.
En este contexto, el fortalecimiento del Mecanismo no puede medirse solo en términos de presupuesto. Requiere voluntad política, transparencia y mayor importancia en la víctima.
Mientras tanto, como señala Meza, quienes deberían ser protegidos continúan huyendo o silenciados por miedo, mientras los recursos se diluyen en burocracia.
