«Impuesto de guerra» atormenta a transportistas en Honduras

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SAN PEDRO SULA, HONDURAS. En la última semana se registró dos hechos violentos de personas que manejan el transporte público (autobuses) en el país ¿El motivo? Los usuarios prefieren callar por temor a morir a mano armada, mientras las autoridades lo adjudican al llamado “impuesto de guerra”.

Los miembros de la “Mara Salvatrucha” (MS-13), son los que se dedican al cobro de ese mal llamado impuesto. En diferentes terminales de buses y taxis se aprecian cicatrices en el cuello, la mandíbula y los brazos, un recuerdo imborrable que diferencia a los dueños y ocupantes de buses, que esperan una antorcha humana que les permita tener seguridad y por ende salvar sus vidas.

Empresas de este rubro no pueden ignorar las exigencias de las pandillas que están a la orden del día, una suerte de peaje que los antisociales solicitan a los conductores que se aventuran en sus territorios vigilados.

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ASÍ OPERAN

Los pandilleros en busca que los transportistas les cumplan su exigencia sobre ese incremento, han iniciado una serie de homicidios de taxistas y conductores de autobuses. Otra medida de presión son los constantes asaltos y robos de las unidades, las cuales son utilizadas para cometer algún tipo de fechoría y luego son abandonadas, pero totalmente destruidas.

La negociación de los “mareros” se hace directamente con los presidentes de los puntos y los coordinadores de las terminales de autobuses, quienes son los encargados de recoger el dinero y entregárselo a los mal vivientes. Los extorsionistas no aceptan negociar con ninguna persona que no esté vinculada al sector transporte por temor a que el negociador pueda tratarse de un policía encubierto.

La sagacidad de los pandilleros es tan grande que manejan el listado completo de las unidades que laboran en determinado punto, con número de registro, placas y en algunos casos hasta los nombres de las personas que las conducen. En ese sentido, es difícil que el negociador pueda engañar al extorsionista y hacerle creer que dará menos dinero del solicitado, de lo contrario pone en riesgo su vida o la de sus demás compañeros.

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El trato únicamente es para determinar la fecha en que será pagado el “impuesto de guerra” y el lugar dónde será entregado, no así los montos de lo que se debe cancelar, porque eso lo deciden los pandilleros; oponerse al pago desencadena la ira de los malvivientes que organizan verdaderas cacerías de transportistas que al final obligan a los conductores a terminar pagándole a los “mareros”.

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San Pedro Sula, La Ceiba y Tegucigalpa se han convertido en los principales escenarios de muertes violentas por el “impuesto de guerra”. Cuando el despachador contesta el teléfono le ordenan recoger aproximadamente 600.000 lempiras entre todos los choferes de la empresa en menos de seis horas; de lo contrario empezarán a matar conductores. Ellos tienen gente diferente para cobrar, para intimidar y los ‘gatilleros’, que son los que se encargan de las ejecuciones.

Empresarios de los autobuses en nuestro país no aguantan el cobro de las extorsiones y aunque “tributan” con las organizaciones criminales en la presente semana este flagelo cobró la vida de dos de sus compañeros, al tiempo que lamentaron que pese a pagar el tributo de la Tasa de Seguridad el Gobierno no termina de brindarle la protección a sus agremiados.

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SÉPALO

Una parte del dinero que recaudan los “mareros” vía “impuesto de guerra” es enviado a los que están presos y muchas veces desde adentro de las cárceles se mandan las órdenes para cometer diversos delitos. Las extorsiones son un tipo de renta ilícita que fue creada a mediados de los 90 por los “mareros” de la “MS-13” en El Salvador, a fin de agenciarse fondos para subsistir y realizar sus otras actividades ilícitas.

DATO

Solamente en el 2015, murieron 50 personas (de ellas 17 conductores) y 25 resultaron heridas en ataques contra unidades del transporte público, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).

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OPINIÓN

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Para el dirigente del transporte urbano, Jorge Lanza, «los esfuerzos del gobierno hondureño a través de la Policía Nacional, no logran disminuir el flagelo de la extorsión».