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San Pedro Sula
jueves, marzo 28, 2024

El derecho esencial al agua (denuncia)

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Mario E Fumero

Recientemente el Proyecto Victoria de San Pedro Sula  sufrió  las consecuencias arbitrarias de la concesionaria «Aguas de San Pedro» un organismo al cual la municipalidad de dicha ciudad le dio el pleno derecho de explotar la distribución del agua y todos los bienes acuíferos de dicha municipalidad, violentando de esta forma las leyes y los convenios internacionales, ya que dicha empresa, más que de servicio público, se ha convertido en un negocio mercantil, sin que nadie pueda ponerle freno o control.

El Proyecto Victoria es una comunidad terapéutica en donde aproximadamente 40 jóvenes son tratados para su rehabilitación, si embargo «Agua de San Pedro» ha catalogado dichas instalaciones como una empresa industrial, aplicando una alta tarifa en el consumo de agua, razón por lo cual, y debido a la crisis económica del programa, no se pudo pagar en dos meses el servicio que llega a L.20,000, cortándose el mismo de forma indiscriminada. Después de hacer presión se le instaló el agua.

Se le solicitó a Agua de San Pedro que reconsiderada la tarifa como familiar, ya que no somos una empresa, pero se negaron a ello, por lo cual se paga mucho más por metro cúbico, lo que nos coloca en una situación complicada que nos mantiene con restricciones y limitaciones.

Cuando se fue hablar a la oficina, una de las jefas administrativa le dijo a nuestro administrador que si no pagan en dos semanas, les cortarían el agua porque ellos no son un centro de beneficencia, sino un negocio.

Refiriéndome al tema, es un deber del Estado dar preferencia y consideración a todas las instituciones que prestan un servicio social de utilidad pública, ya que el agua es un elemento indispensable para la vida y según acuerdos de los organismos internacionales, los Estados o gobiernos no pueden permitir que las mismas se mercantilicen, y es un deber el acceso a la misma de todos los seres humanos. Por lo tanto, tal acción de la empresa «Agua de San Pedro» violenta los convenios internacionales y dicha concesión rompe el poder y el deber del Estado para regular, controlar y evitar la explotación mercantil de tan precioso líquido.

En vista de lo antes dicho, estamos dispuesto a proceder a través de la fiscalías, los tribunales y el congreso, para pedir que se reconsidere la actitud de esta empresa hacia las organizaciones que desempeñando una labor social, y son tratadas de forma abusiva tanto, por la empresa Agua de San Pedro, como por la indiferencia de la alcaldía municipal.

Es bueno saber que en mayo de 2011, la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante su Resolución 64/24,hizo un llamamiento a los Estados Miembros «para garantizar que las estrategias de salud nacionales contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de agua y saneamiento al tiempo que apoyan la progresiva realización del derecho humano al agua y al saneamiento» E hizo un llamamiento al Director General de la OMS «para reforzar la colaboración de la OMS con los correspondientes socios y miembros de ONU-Agua y con otras organizaciones relevantes para promover el acceso a unos servicios de agua, saneamiento e higiene saludables, así como a servir de modelo de una acción efectiva intersectorial en el contexto de la iniciativa de Naciones Unidas a los organismos  que pertenece a la OMS para la cooperación de la Organización con la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento orientada a mejorar la implantación del mismo y en el cual debe participar la comunidad y no debe mercantilizarse.

Los gobiernos o estados deben tener el control y la regulación, tanto de las costas marítimas, como de su cielo y sus aguas, no permitiendo que se privaticen en forma de negocio  por trasnacionales.

La soberanía del Estado sobre todas las fuentes de agua es vital, ya que de ese líquido depende la vida humana. Es imprescindible que el acceso y el pago al servicio no se convierta en un negocio mercantil pues es de utilidad pública y de salud.

Por este medio acudimos tanto a la fiscalía del consumidor, como a los organismos de derechos humanos, como al congreso de la nación, y a los tribunales internacionales para que puedan frenar la privatización de los recursos del agua, sin que el Estado o la comunidad sea partícipe de la misma.

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