El camino hacia la recuperación en América Latina post Covid-19

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Sur Corea      Green New Deal (edificios, proyectos urbanos e industrias sostenibles; reciclaje; energía renovable, reducción del uso del carbono)                $10.5 mil millones

Apoyo para el desarrollo de proyectos de energía removable  de pequeña escala                                                                                                  $185 millones————————————————————————————————

España           Apoyo para el desarrollo de proyectos de energía renovable (inversión privada)                                                                                               $112 millones

Suiza            Apoyo para el desarrollo de proyectos de energía renovable (fondos adicionales para el programa existente por uso de energía renovable)          $48 millones————————————————————————————————

Reino Unido   Transporte Verde (infraestructura peatonal y para el ciclismo; otro tipo de transporte sin combustión como patines eléctricos)                               $2.5 mil millones

Apoyo para el desarrollo de proyectos de energía removable $8.7 mil millones

¿Puede la recuperación cambiar el perfil de las inversiones en ALC después de la COVID-19?

En América Latina empezamos a detectar movimiento en este sentido. Por ejemplo, Chile, Colombia, Costa Rica o Panamá han expresado su interés en incluir proyectos de transporte público eléctrico.

Sin embargo, en América Latina y Caribe todavía no observamos en sus planes de recuperación económica anunciados un componente que promueva la aceleración de la transición energética.

Mirando atrás, sabemos que, en la última década, las inversiones de energía renovables fueron el principal esfuerzo de transición energética, con un empuje importante en la participación de energía eólica y solar. La inversión total en energía tuvo un 16% de crecimiento medio interanual y un incremento de 188% entre 2017 y 2009.

Los datos históricos muestran que los mecanismos de financiamiento en América Latina para el sector de energía se concentraron principalmente en créditos a largo plazo en línea con los objetivos de las inversiones en energía. Sin embargo, la composición de estos mecanismos y los diferentes agentes inversores varían para cada país como se puede ver en la figura abajo.

Para entender cómo las nuevas inversiones en energía tomaron forma, el peso de los diferentes agentes financiadores es fundamental y este está vinculado a las preferencias, la forma y la disponibilidad de los recursos en cada país.

Antes de la pandemia, los países de América Latina comenzaron a formular compromisos de reducción de emisiones ambiciosos que se ven reflejados en los planes de expansión energética. En estos planes se formulan las acciones específicas de los países para alcanzar estos objetivos mediante el remplazo de capacidades de generación energética por sistemas limpios en un contexto donde la región está consumiendo más energía cada año con un 84 % de incremento estimado del 2040 con respecto al año 2018 (1600 TWh).

De acuerdo con estos planes, formulados antes de la pandemia, un 60 % del incremento planificado se logrará mediante instalaciones renovables, que permitirá alcanzar un 65 % de toda la capacidad instalada en ALC. Alrededor de un 20 % de esta capacidad provendría de fuentes solares y eólicas en dos décadas. Adicionalmente, el reemplazo de instalaciones antiguas necesitará de instalaciones que en total equivalen a 291 GW de capacidad ya instalada.

Sin embargo, la inversión en estas tecnologías depende de la situación del país y sus necesidades, por lo que no todos los caminos de transición serán iguales.

El estímulo económico es vital para reducir los efectos de una recesión en los países de la región. Sin embargo, por el lado público el limitado crecimiento del periodo previo ha dejado algunos países latinoamericanos en un estado económico complejo. Entre ellos, están los países que además sufren por la caída en los precios del petróleo.

Por otro lado, los proveedores de servicio en energía enfrentan una inversión privada incierta, una caída de la demanda habitual y en conjunto menores ingresos. A eso se suman los potenciales problemas de contingencia legal en los acuerdos de provisión de energía (PPA’s) que estabilizan los precios al consumidor.