Redacción. Para el próximo martes 19 de diciembre se programó la audiencia inicial en contra de tres exempleados del Instituto Nacional Penitenciario (INP) acusados por los delitos de fraude, estafa y falsificación de documentos públicos.
Los imputados son Silvio Javier Morales Rodríguez, Carlos René Aguilar Sevilla, Albertina Eduviges Gómez Canales, quienes presuntamente confabularon con notarios públicos identificados como Laureano Carbajal Rivas, Pedro Armando Santos Martínez y Farid Sanabria Polanco.
Por este caso son ocho los empleados del INP que están siendo acusados por la sustracción de fondos pertenecientes a 50 familias de privados de libertad que perdieron la vida en el incendio del Centro Penal de San Pedro Sula en mayo del 2004. En el siniestro fallecieron más de 107 privados de libertad.
El caso
De acuerdo con la cronología de los hechos, luego de la tragedia en el centro penal, los familiares de los privados de libertad interpusieron una demanda ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en lo que se conoció como «Caso Pacheco Teruel y otros».
Asimismo, el ente de justicia internacional dictó la sentencia en el año 2012, estableciendo que el Estado de Honduras debía pagar a cada una de las 107 familias una indemnización de 317,289 lempiras con 72 centavos.
Seguidamente, en el año 2017, las autoridades comenzaron el pago de la indemnización a través de una comisión para cumplir con la sentencia.
Sin embargo, el MP descubrió que una persona particular cambió 49 de los cheques pertenecientes a las familias afectadas en el Banco Central de Honduras (BCH).
Además, se dio a conocer que la persona que cambió los cheques lo hizo sin autorización de las familias de los privados de libertad fallecidos.
Además de esto, se encontraron inconsistencias en la documentación con las firmas de los afectados y las huellas. Asimismo, la no autorización de muchos expedientes por parte de la comisión creada en el INP. Por lo tanto, las familias afectadas no recibieron su pago correspondiente.