Como se esperaba, el congreso de Guatemala ha despojado de su inmunidad al presidente de la República, Otto Pérez Molina, quien ahora está en vía de ser enjuiciado por corrupción administrativa.
La suspensión de inmunidad decretada por el Legislativo al gobernante guatemalteco es histórica en aquel país y en el entorno del Triángulo del Norte regional, en tanto resultado de la movilización indignada de la sociedad, una forma diferente de revolución política-social que emerge en América Central.
El general (r) Otto Pérez Molina, que inició el mando presidencial de Guatemala en enero de 2002 con un propósito de “mano dura”, de puro sello —y gusto— ultraderechista, para combatir el crimen organizado (especialmente el narcotráfico) y la corrupción, irónicamente será sometido a juicio político bajo indicios racionales de haber cometido este tipo de delitos.
La creación de una red de corrupción, apodada “La Línea”, supuestamente dirigida desde la cima del Poder Ejecutivo, con la participación del “número uno” (Pérez Molina) y la “número dos” (la vicepresidente Baldetti), para defraudar al fisco, fue el detonante de un escándalo mayúsculo y de una crisis política sin precedente en la última etapa democrática de aquel país vecino.
Que haya sido posible llegar a este punto, que promete ser paradigma del combate a la corrupción y a la impunidad en América Central, es gracias a la presencia de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), de Naciones Unidas, pero también a la conformación de un Poder Judicial independiente y una cámara de diputados responsable, con sentido de honor y patriotismo.
Por encima de todo esto, destaca la Oposición Indignada, oportunamente estructurada en armonía con las exigencias de la realidad económica y social guatemalteca, hasta solidificar un cuerpo político coherente, de vocación participativa y plural, que daría lugar —con un proceso electoral idóneo— a un estadio superior de desarrollo democrático, con equidad económica y justicia social.
El acontecer en el país hermano, con su valioso aporte ejemplar, orilla a la sociedad hondureña a reflexionar con más claridad y determinación sobre la conducción pragmática de su propia movilización, la Oposición Indignada, de cara al combate contra la corrupción y la impunidad en Honduras, cuyo alcance y profundidad es peor que en Guatemala.
Peor por la magnitud de la defraudación al fisco para el enriquecimiento ilícito y para financiar la campaña electoral del Partido Nacional, “hecho poder”, como dicen sus cabecillas; pero también por el colapso de la institucionalidad dispuesta a imponer un régimen totalitario, de culto a la personalidad, militar-policial-paramilitar, y los poderes Legislativo y Judicial sometidos.
Vale decir, una sociedad en Movimiento de Indignación enfrentada al desafío más formidable de su historia, y, por lo tanto, abocada a la disyuntiva de vencer a como haya lugar.
