REDACCIÓN. El Gobierno de los Estados Unidos publicó hoy formalmente la nueva ley que restringe el acceso al asilo en la frontera de México sustituyendo al Título 42, de la administración Trump.
Un funcionario del Gobierno norteamericano declaró ante los medios que «la nueva norma se publicará este miércoles en el registro federal». Además esta nueva ley califica como «no aptos para solicitar asilo a los migrantes que crucen la frontera de manera irregular».
La normativa es una de las nuevas medidas que regirán la frontera entre México y EEUU a partir del 11 de mayo, día que el Título 42 quedará sin validez.
«CBP One»
A partir de la entrada de la nueva norma, la principal vía para la solicitud de asilo para los migrantes será la APP «CBP One».
Esta aplicación móvil dará la oportunidad a indocumentados de acordar citas con las autoridades norteamericanas de migración para exponer sus casos.
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Autoridades afirman que la aplicación permitirá desarrollar unas mil citas diarias para solicitar asilo. Asimismo, «las convocatorias podrán incrementarse dependiendo de la capacidad de los trabajadores del servicio de migración», explicaron.
La nueva ley advierte que quienes no se apeguen a los procesos, y decidan cruzar la frontera de manera irregular serán declarados no aptos. Sin embargo, aquellos a los que se les haya negado el asilo en un tercer país sí podrán acceder al beneficio.
Otra de las opciones para los migrantes que crucen de manera irregular, según autoridades, será la demostración concreta ante migración de haber encontrado barreras tecnológicas o de lenguaje para acceder a la aplicación.
Además, las personas calificadas como «no aptas» pasarán por el proceso de deportación y enfrentarán una penalización de 5 años sin poder entrar a EE.UU. Agregaron, que todos aquellos que insistan en cruzar la frontera sin los debidos procesos enfrentarán cargos penales.
Derechos humanos
Por su parte, varias organizaciones no gubernamentales, como Human Rights Watch, han criticado duramente la norma promulgada cuando se encontraba en la fase de comentarios públicos, definiéndola como una «violación de los derechos humanos y de la ley» internacional.
