Redacción. Una mujer hondureña residente en Florida recibió una sanción migratoria sin precedentes: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le impuso una multa de 1.8 millones de dólares por haber permanecido en el país de forma irregular durante casi dos décadas, a pesar de contar con una orden de deportación desde 2005.
La notificación oficial llegó el 9 de mayo de 2025 y exige el pago de $1,821,350, equivalente a 500 dólares por cada día que ha vivido en Estados Unidos desde que ignoró la resolución migratoria hace 19 años.
La abogada de la afectada, Michelle Sánchez, denunció que este tipo de sanciones son extraordinariamente raras y calificó la medida como un intento de intimidar a la comunidad migrante sin necesidad de arrestos o redadas.
“Están castigando con una cifra imposible de pagar, no para cobrarla, sino para infundir miedo. Es una manera de decir ‘te tenemos vigilado, incluso si no te detenemos’”, afirmó.
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Una vida construida en silencio
Desde su llegada a Estados Unidos, la mujer —cuyo nombre se reserva por razones legales— formó una familia, trabajó de manera constante y evitó cualquier conflicto con la ley. Tiene tres hijos nacidos en territorio estadounidense, lo que los convierte en ciudadanos, y jamás ha sido arrestada ni enfrentado cargos penales.
Su presencia en el país ha estado discreta y enfocada en mantener a su familia. Sin embargo, el sistema migratorio no considera esos factores a la hora de aplicar la sanción contemplada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite multar económicamente a quienes incumplen una orden de salida voluntaria.
Sin directrices, sin protección
En 2024, la defensa legal presentó una solicitud para reabrir su caso migratorio, alegando arraigo familiar, buena conducta y elegibilidad para obtener la residencia. La petición fue rechazada sin mayor argumentación. Según Sánchez, el rechazo refleja la falta de voluntad política para atender casos humanitarios bajo las reglas heredadas de la administración Trump, donde muchas decisiones quedaron sujetas a la discrecionalidad sin criterios claros.
“La discrecionalidad existe en el papel, pero no en la práctica. No hay reglas consistentes que nos permitan saber quién califica y quién no”, dijo.
El riesgo de apelar
La carta enviada por ICE ofrece la posibilidad de apelar la sanción o solicitar una entrevista presencial para defenderse. No obstante, Sánchez advirtió que acercarse a las oficinas migratorias sin garantías representa un riesgo real de detención.
“Muchos creen que tienen derecho a explicarse, pero la verdad es que eso puede terminar en una celda o en un vuelo de regreso. Es un juego peligroso”, alertó.
Por el momento, la recomendación legal ha sido no responder sin una estrategia jurídica sólida. El temor a una deportación inmediata es alto.
El castigo financiero no solo representa una deuda impagable. Es también una sentencia simbólica para una madre que durante años crió a sus hijos en un país que hoy la rechaza con dureza.
“Para ella, no es solo una multa. Es un recordatorio brutal de que, aunque haya trabajado y contribuido, siempre estuvo al margen del sistema”, concluyó su abogada.
