Redacción. Más de un millón de inmigrantes ilegales han salido de Estados Unidos de forma voluntaria desde que Donald Trump volvió a la presidencia el 20 de enero, según informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Desde enero, Trump cerró casi por completo la frontera con México. También envió al menos 1.500 militares a la zona y aplicó una política migratoria estricta.
«Creemos que más de un millón de personas regresaron por su cuenta desde que comenzó esta administración», declaró Noem en una rueda de prensa en Chicago.
Agregó que miles de inmigrantes en situación irregular usaron la aplicación móvil CBP Home, diseñada para incentivar la autodeportación.
Noem también informó que las autoridades han arrestado a cientos de miles de inmigrantes ilegales. Según sus datos, más del 70 % enfrenta cargos o tiene condenas penales. El resto cuenta con órdenes de deportación definitivas.

Detenciones en aumento
En los últimos meses, aumentaron las detenciones de migrantes en todo el país. Las redadas se llevaron a cabo en tribunales, viviendas y lugares de trabajo.
«Hacemos operativos específicos en todo el territorio. Usamos archivos y bases de datos para identificar a los inmigrantes con antecedentes o con órdenes de deportación», explicó Noem.
Reiteró que quienes se encuentran en el país de forma ilegal están violando la ley. Además, señaló que aquellos que se autodeporten podrían regresar legalmente con una visa.
Noem consideró que la política migratoria de Trump es un éxito. Recordó que el presidente prometió alcanzar cifras récord de deportaciones.
«Hace tres meses que no se registra ni una sola entrada ilegal por la frontera. Es la primera vez en la historia del país que logramos este nivel de seguridad», aseguró.

Refuerzos para ICE
Con el objetivo de fortalecer su plan migratorio, Trump ordenó aumentar la plantilla del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
«No asignó los recursos para contratar a 10.000 nuevos agentes», dijo Noem. Añadió que ya recibieron más de 80.000 solicitudes para esos puestos.
También, criticó a los gobernadores demócratas de los llamados «estados y ciudades santuario». Los acusó de bloquear los esfuerzos federales para deportar inmigrantes.
Estas jurisdicciones permiten que la policía local no coopere con agentes migratorios sin una orden judicial. También, protegen la información de los migrantes si existe riesgo de deportación.