Redacción.- Las autoridades de Estados Unidos informaron que están investigando a dos hondureños acusados de matar en febrero pasado un águila calva.
Los sospechosos son Ramio Hernández Tziquin y Domingo Zetino Hernández. Ambos de 20 años y residentes en Norfolk, unos 180 kilómetros al norte de Lincoln, la capital de Nebraska.
«Creemos que (los dos hondureños) están aquí ilegalmente después de consultar con Inmigración de los Estados Unidos«, dijo el alguacil Mike Unger, del condado Stanton.
Te puede interesar: OPS: Los hondureños consumen 3.7 litros de alcohol en promedio
El alguacil Unger se quejó de la falta de cooperación federal para resolver el caso descubierto el pasado 28 de febrero por alguaciles en el Área Recreativa Wood Duck, cerca de Norfolk.
Según el comunicado, ese día alguien alertó sobre la presencia de un «vehículo sospechoso» en el Área Recreativa Wood Duck. Cuando los alguaciles respondieron, se encontraron con dos los hondureños y con el águila dentro del vehículo de los inmigrantes.
«Una investigación adicional reveló que los dos habían disparado y matado al ave nacional protegida en esa área recreativa. Declararon que ellos creían que era un buitre y planeaban cocinar y comerse el ave», dijo Unger.
Los hondureños «también cortaron las patas del ave, con la intención de convertir las garras en adornos».
Incautaron el águila y el rifle
Agentes de la Comisión de Parques y Vida Salvaje de Nebraska incautaron el águila como el rifle a aire comprimido utilizado para matar al ave. También dieron con una pistola de aire comprimido y otros elementos que poseían los compatriotas.
Los hondureños podrían enfrentarse a cargos federales, en el marco de la Ley de Protección de Águilas, aprobada en 1940 y reaprobada en 2007.
Lee también: Navales nicaragüenses capturan a tres pescadores hondureños
Según medios de la localidad, al declararlos culpables podrían recibir una sentencia de un año en prisión y una multa de 100 mil dólares cada uno.
No obstante, entendidos en el tema señalaron que i responden a cargos estatales, los acusarían de posesión ilegal del cuerpo de un ave protegida. Contempla una sentencia máxima de un año en prisión.
