EUA: Empeora situación de hondureños que piden asilo por la violencia

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ESTADOS UNIDOS. Cientos de menores centroamericanos entre ellos hondureños,  podrían perder sus pedidos de asilo y ser obligados a abordar vuelos de deportación si no se resuelven el problema.

Algunas organizaciones locales sin fines de lucro se han comprometido a ayudar a menores que huyen de la violencia de pandillas en Honduras, proporcionándoles servicios legales en los tribunales para que puedan evitar la deportación.

Pero esos esfuerzos podrían quedar bloqueados en el sur de la Florida debido a una disputa contractual que ha alarmado a abogados de inmigración y líderes comunitarios, entre ellos el arzobispo de Miami, Thomas Wenski.

Si no se resuelve la situación, según personas familiarizadas con el asunto, cientos de niños podrían perder sus casos en la corte de inmigración y terminar abordando vuelos de deportación a Honduras.

Por razones que no han sido completamente explicadas, dos respetadas organizaciones que desde hace años han prestado servicios legales a niños centroamericanos que han llegado sin sus padres, fueron recientemente notificadas de que su financiación terminaría y que los servicios que otorgaban serían transferidos a diferentes grupos, de acuerdo a personas familiarizadas con el tema.

Los abogados de Americanos pro Justicia Inmigrante y Servicios Legales Católicos (CLS) todavía tienen fondos para cubrir servicios por unos cuantos meses, pero si su financiación no se restaura en abril, tendrían que dejar de representar a los 500 niños cuyos casos estaban en curso en el momento que la situación surgió. Además, en ese momento, Americanos pro Justicia Inmigrante y CLS tenían más de 400 niños en listas de espera, pero para ahora esas listas han crecido a más de 800 niños.

Miami tiene el tercer expediente más concurrido en el país del tribunal de inmigración para casos de deportación de niños catrachos.

Debido a esto, Americanos pro Justicia Inmigrante y CLS crearon un sistema por virtud del cual ambos garantizaban que todos los días habría un abogado presente con cada niño que compareciera ante la corte.

Sin representación legal, es probable que los menores que comparezcan ante un juez tendrán más probabilidades de recibir una orden de deportación que aquellos que tienen un abogado, de acuerdo a personas familiarizadas con los tribunales de inmigración.

“Esto es inaceptable”, dijo el arzobispo Wenski recientemente en una carta a Sylvia Burwell, Secretaria de Salud y Servicios Humanos (HHS) el departamento federal que supervisa la unidad que se encarga de los servicios para niños hondureños. “Y lo que está sucediendo es sólo en Miami. En muchos de estos casos, si no reciben atención inmediata, se verán los niños afectados y enfrentarán a la deportación inminente”.

En una declaración a el Nuevo Herald, Wenski dijo: “La situación que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados ha creado es preocupante. Lo que debería estar a la vanguardia es simplemente ‘¿Qué es en el mejor interés de los niños?’”

Funcionarios de HHS dijeron que las preocupaciones expresadas en Miami son, en gran medida, infundadas porque la agencia proyecta continuar los servicios y financiación para los menores centroamericanos, ya sea a través de las organizaciones no lucrativas existentes o grupos nuevos.

Andrea Helling, portavoz de HHS, dijo que la situación volverá a la normalidad una vez adjudicado un nuevo contrato.

“Nos hemos comprometido con la adjudicación de este contrato de representación directa [de los niños] tan pronto como sea posible”, dijo Helling.

Cómo americanos pro Justicia Inmigrante y CLS llegaron a perder su financiación es una historia complicada, pero una que sugiere un posible conflicto de interés que involucra a dos ex funcionarios federales, de acuerdo a personas familiarizadas con el asunto. El Huffington Post informó primero sobre el tema en un artículo publicado a principios de semana.

El problema surgió el verano pasado, cuando la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), la unidad de HHS que se encarga de los menores centroamericanos, anunció planes para solicitar propuestas para una licitación competitiva de contratos, y para fusionar los contratos por servicios en los albergues y en los tribunales.

En el año anterior, ambos grupos  Americanos pro Justicia Inmigrante y CLS  habían recibido fondos del gobierno a través de un programa piloto de un año de duración para ayudar a cientos de niños en sus casos en los tribunales, dijeron personas familiarizadas con el asunto. En conjunto, estos dos grupos tenían un total combinado de 20 abogados y ocho asistentes de abogados dedicados a ayudar a los menores dentro del marco de un contrato que expiró en septiembre.