Redacción. Grupos de derechos civiles informaron el viernes pasado que presentaron una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos por homicidio culposo, tras la muerte de Anadith Tanay Reyes Álvarez, una migrante de 8 años, de familia hondureña, que murió en mayo de 2023.
El fallecimiento ocurrió mientras la niña estaba bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) a pesar de que su madre solicitó en varias ocasiones atención médica urgente. Los grupos Haitian Bridge Alliance y The Texas Civil Rights Project presentaron la demanda en nombre de la familia de la pequeña.
Anadith Tanay Reyes, nacida en Panamá de padres hondureños, perdió la vida el 17 de mayo de 2023 en una instalación de la Patrulla Fronteriza en Harlingen, Texas, donde permanecía detenida junto a sus padres y dos hermanos.
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Una investigación interna de CBP reveló que, entre el 14 y el 17 de mayo, la madre de la menor solicitó atención médica al menos en nueve ocasiones, ya que Anadith presentaba síntomas similares a los de la influenza.
Negligencia
El día de su muerte, una enfermera practicante la atendió en cuatro ocasiones luego de que Anadith Tanay se quejara de dolor abdominal, náuseas y dificultades respiratorias. A pesar de la gravedad de los síntomas, el personal no la trasladó a un hospital hasta que su condición se volvió crítica.
Diversas organizaciones civiles denunciaron que la atención médica inadecuada y las decisiones negligentes del personal contribuyeron directamente a su muerte. «Exigimos responsabilidad y transparencia a la CBP, una agencia que ha fallado a demasiadas personas», afirmaron en un comunicado.
El monitor federal encargado de supervisar el cumplimiento de los estándares legales en el trato a menores migrantes respaldó estas acusaciones en un informe. El documento concluyó que la muerte de Anadith fue prevenible y el resultado de «una serie de fallas» en el sistema de atención médica de las instalaciones de detención.
La demanda se presentó en un contexto de creciente escrutinio hacia las políticas migratorias de Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos también expresaron su preocupación por los recientes casos de expulsión de madres migrantes junto con sus hijos, ciudadanos estadounidenses.
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