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miércoles, abril 24, 2024

EE:UU.: Con iniciativa de ley pretenden multar a Honduras por cada inmigrante arrestado

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Estados Unidos. Un congresista estadounidense ha presentado una iniciativa de ley con la que pretende obligar a México, Honduras, Guatemala y El Salvador a pagar una elevada multa por cada inmigrante indocumentado arrestado en la frontera Sur de EE.UU.

El legislador de Arizona, Andy Biggs, presentó la propuesta llamada “Fondo para completar la factura del muro fronterizo” ante el gobierno de Donald Trump. Esto, para que se le cobre a cada Gobierno 2,000 dólares por persona detenida por los agentes de migración.

Al menos 400 mil indocumentados son detenidos cada año en ese paso fronterizo. Por lo tanto, Estados Unidos recaudaría 800 millones de dólares al año. Al parecer, este dinero se deduciría de la ayuda que la capital, Washington, ofrece a las naciones mencionadas.

Según Biggs, este cargo monetario contribuirá a la financiación de la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

Cabe mencionar que el muro, que llegaría a medir 2,000 kilómetros, costaría entre 15,000 y 25,000 millones de dólares, según un estudio del grupo de investigación Bernstein.

Lea: Cubanos y africanos lideran la lista de tránsito irregular por Honduras

Juez le pone un alto a las deportaciones de familias inmigrantes en Estados Unidos

El juez Dana Sabraw decidió detener de forma indefinida las deportación de familias inmigrantes reunificadas.

Según el juez, la deportación presurosa de los los menores después de reunirse con sus familias los privaría de pedir un asilo en EE.UU.

Se pretende que este dictamen este vigente, al menos, hasta que se realice la audiencia que convocó para la próxima semana, en donde abordarán el tema.

En virtud de esta orden judicial, el Gobierno de Donald Trump no podrá forzar a un padre a elegir entre renunciar al derecho del niño a solicitar asilo para que sean todos deportados como familia, o aceptar ser expulsado sin el menor para que éste pueda pelear el caso por su cuenta.
Cabe mencionar que el Gobierno no lo acepta y dice que los padres renuncian al derecho cuando firman una orden de deportación.

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