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domingo, agosto 7, 2022

EEUU acusa al “Tigre” Bonilla por tráfico de drogas y otros delitos

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TEGUCIGALPA, HONDURAS. Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, exjefe de la Policía Nacional, está acusado en el sistema judicial de Estados Unidos por conspiración para el tráfico de drogas y la violación de estatutos a través de la posesión de ametralladoras y dispositivos de destrucción.

El anuncio lo efectuó la mañana de este jueves el Departamento de Justicia del país norteamericano. La inculpación llega por parte del abogado Geoffrey S. Berman, legista del Distrito Sur de Nueva York y Wendy Woolcock, agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Según expresa la comunicación, Bonilla supuestamente abusó de su posición en la fuerza de seguridad para coordinar cargamentos de cocaína y hasta formó parte del asesinato de un distribuidor de droga rival. La acusación se presentó en una corte federal de Manhattan.

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“Se burló de la ley”

Berman ahondó más sobre por qué proceden legalmente contra “El Tigre”. Señaló que apoyó al exdiputado Juan Antonio ‘Tony’ Hernández y a su hermano Juan Orlando Hernández, gobernante de Honduras, supervisando múltiples cargamentos de drogas dirigidas al país de las barras y las estrellas.

“Presuntamente, abusó de sus posiciones en el cumplimiento de la Ley en Honduras para burlarse de las legislaciones y jugar un rol clave en una violenta conspiración internacional de drogas”, dijo inicialmente el profesional del Derecho.

Y añadió: “Se presume que, de parte de ‘Tony’ Hernández y su hermano el presidente, supervisó el transbordo de muchas toneladas de cocaína destinadas para los Estados Unidos. Usó ametralladoras y otros armamentos para lograrlo, y participó en violencia extrema”.

Como parte de esa violencia, se detalló, como se expuso previamente, que él habría participado en las acciones que conllevaron a la muerte de un narcotraficante rival. Dadas las acusaciones, el abogado en mención estima que podría, en caso de ser vencido en juicio, ser sentenciado a cadena perpetua.

“Horrorosa violación de su juramento”

Por su parte, la agente especial de la DEA, Wendy Woolcock añadió que, dado el alto rango que sostenía Bonilla en la Policía, influenció a otros para trabajar con él. De ese modo, “violentamente protegían a los narcotraficantes con conexión política, que hacían contrabando de cocaína hacia Estados Unidos”.

En virtud de lo anterior, la especialista opinó que el supuesto actuar del “Tigre” es una violación “evidente y horrorosa” del juramento que alguna vez tomó para proteger a los ciudadanos hondureños.

Por último, Woolcock agregó que la presentación de esos cargos contra el hondureño es una acción positiva más del país norteamericano para “llevar oficiales corruptos a la justicia”.

Sustento en evidencia presentada en el juicio contra “Tony” Hernández

El escrito que publicó el sitio web del Departamento de Justicia indica que información provista en el juicio que condenó a ‘Tony’ “hundiría” al exoficial hondureño.

El relato detalla que, entre 2003 y 2020, varias organizaciones ligadas al trasiego de estupefacientes trabajaban de manera conjunta con el apoyo de prominentes individuos del ámbito público y privado.

Entre esos personajes, estarían políticos del país cinco estrellas, además de oficiales de las fuerzas de seguridad. Recibían, según señalan, cargamentos desde diversos lugares, entre ellos Colombia y Venezuela. Las rutas que se investigaron son tanto aéreas como marítimas.

La justicia estadounidense apunta que, para facilitar esos movimientos, los traficantes pagaban sobornos a personajes del Congreso Nacional y también de la Policía Nacional; allí, estaría involucrado el “Tigre”.

El respaldo de información con el que se acusa a Bonilla también describe que él dirigía a otros miembros de la Policía que, armados con ametralladoras, permitían el paso a través de retenes policiales de vehículos con grandes cantidades de narcóticos sin ser siquiera inspeccionados.

También, supuestamente, proveyó información sobre operaciones aéreas y marítimas para favorecer la conspiración.

¿Por cooperar en el narcotráfico, escaló en los mandos policiales?

En base con datos que sostiene el Poder Judicial de Estados Unidos, en 2010 un testigo desveló que Bonilla Valladares subió en su posición en la Policía Nacional con ayuda de ‘Tony’ y el actual presidente de Honduras.

El mismo declarante opinó que el “Tigre” es una persona “muy violenta”, pero que los Hernández confiaban a él asignaciones especiales, incluyendo asesinatos.

Supuesta participación en asesinato

En julio de 2011, según la parte acusadora, Bonilla formó parte de una operación que dejó sin vida a un narcotraficante rival. La acción procedió, supuestamente, a un pedido exclusivo de ‘Tony’ y otros actores de trasiego. Se narra que el occiso trataba de impedir que pudieran transportar las cargas ilícitas mediante una región al oeste de Honduras, cerca de la frontera con Guatemala.

En aquel entonces, recuerda el escrito, Bonilla comentó a la prensa que el asesinato fue un “ataque sorpresivo y bien planeado”; los perpetradores “limpiaron la escena totalmente”. Asimismo, el exdirigente policial reportó que los asesinos habían utilizado lanzadores de granadas y rifles M-16 y Galil. La acusación explica que el Gobierno de Honduras brindó esos rifles a miembros de la Policía.

Detalle de la acusación

Por tanto, en síntesis, son tres cargos por los que se defenderá el compatriota en el país que dirige Donald Trump.

El primer delito por el que se le acusa es por la conspiración para llevar cocaína a los Estados Unidos. En segundo lugar, poseer y utilizar ametralladoras y otros dispositivos destructivos con el fin de la primera acusación. Y, por último, la conspiración para poner en acción esos mismos armamentos.

En caso de ser declarado culpable, el sexagenario enfrentaría una pena de 10 años en prisión hasta prisión de por vida por el cargo uno. Por el dos, un mínimo de 30 años y un máximo de cadena perpetua. Mientras que, por el tres, también podría recibir prisión por el resto de sus días.

La Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales está asignada al caso. El mando del enjuiciamiento recae sobre los abogados Amanda Houle, Matthew Laroche, Jason Richman y Elinor Tarlow.

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