Redacción. El Departamento de Estado de EE. UU. posee una amplia autoridad para revocar cualquier tipo de visa en el momento que considere oportuno.
Esta potestad, respaldada por la Ley de Inmigración y Nacionalidad, permite la anulación de visas por razones que sean «consistentes con el interés público», sin que las autoridades estén obligadas a dar una explicación detallada de los motivos.
La ley migratoria estadounidense, en sus secciones 205 y 221(g), faculta a las agencias como el Departamento de Estado y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a negar, suspender o revocar visas con base en información interna o confidencial.
El procedimiento es discrecional y no requiere un proceso judicial. Tampoco una defensa para el afectado, lo que significa que una visa puede ser cancelada incluso por sospechas o por vínculos con una investigación aún en curso.
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Causas comunes
Aunque las razones específicas no se hacen públicas, existen motivos comunes para la revocación, según lo estipulado en la ley y los reglamentos federales. Estos incluyen la obtención de la visa con información falsa u omisiones relevantes, cambios en las circunstancias del titular, como un nuevo historial penal o actividades ilícitas.
Un oficial consular toma decisiones que, en muchos casos, son definitivas y no admiten apelación, incluso si se aprobaron por error o se presenta nueva evidencia.
En la práctica, la política estadounidense subraya que una visa es un privilegio, no un derecho. Esta autoridad discrecional y silenciosa de las autoridades migratorias permite la cancelación de visas de inmigrante y no inmigrante por una amplia gama de razones, desde preocupaciones de seguridad nacional hasta errores administrativos.
El procedimiento, que no ofrece un recurso legal claro, subraya el poder del gobierno estadounidense en la gestión de su política migratoria.
