El director general del Departamento de Prensa del ministerio de la Defensa, Óscar Pérez, explicó que, si bien el nuevo cronograma vence en 56 días, existe la posibilidad de que el CNS decida extender el tiempo.
“Todo depende de lo que solicite el Ministerio de Gobernación. Si el Consejo Nacional de Seguridad hace el análisis de criminalidad, podría solicitarse otra prórroga, mientras nuevos elementos de la policía adquieren las capacidades necesarias”, dijo.
Eran nueve escuadrones militares en total con cinco mil 600 soldados. En una fase anterior, en abril del 2017, se retiró el 50 por ciento. Hasta ahora quedaban entre mil 900 y dos mil militares que apoyan a la Policía Nacional Civil (PNC).
“El Ministerio de la Defensa Nacional es una herramienta que tiene el Estado en apoyo a la seguridad interna. Está contemplado en la Constitución. Es decisión del Ministerio de Gobernación y del presidente su continuidad, es algo de muy alto nivel. Si el presidente lo ordena, se retira, o si ordena continuidad, estaría en la disposición de seguir ”, agregó Pérez.
El director de Prensa comentó que si el plan de apoyo a la PNC termina el 31 de marzo, los efectivos destinados a esos escuadrones se retirarían para reforzar las fronteras del país y la Reserva de la Biósfera Maya.
En años anteriores, el Gobierno de Estados Unidos ha incluido el retiro paulatino del Ejército de las calles dentro de las condiciones para aprobar cooperación a Guatemala, en sus leyes de apoyo presupuestario.
Un funcionario de la Embajada de EE. UU. declaró: “La adhesión al cronograma para la retirada de las fuerzas militares de su papel en la Policía civil será una consideración importante para determinar si Guatemala está certificada o no. Este es uno de los factores específicamente mencionados en la legislación aprobada por el Congreso de los EE. UU. Esperamos ver el compromiso continuo de los líderes guatemaltecos con la transición de los militares fuera de este rol”.
El embajador de EE. UU. en Guatemala, Luis Arreaga, visitó la Dirección General de la PNC el 31 de enero. Alli resaltó el papel de la seguridad en manos civiles. “Aplaudimos la labor de los valientes oficiales de la @PNCguatemala que luchan contra la #Corrupción y mejoran la #SeguridadCiudadana en toda #GUA. Así logrando reducir 32% el número de homicidios desde 2009”, tuiteó la Embajada ese día.
“Implementar un plan que incluya metas, puntos de referencia y líneas de tiempo para crear una fuerza policial profesional y responsable, y terminar el papel del Ejército en funciones policiales internas”, es uno de los compromisos que los países del Triángulo Norte deben cumplir para recibir el 50 por ciento de la asistencia estadounidense, como lo estipuló la Ley de Apropiaciones para el 2017, para la cooperación de la Estrategia de Acción en Centroamérica.
“La pregunta me sorprende. La PNC está lista y ha desarrollado su trabajo siempre”, dijo el director de la PNC, Nery Ramos. A él se le preguntó si están listos para asumir sin el Ejército las tareas de seguridad ciudadana.
Ramos enumeró, como muestra de que están listos, varios indicadores del año recién pasado, como la desarticulación de 96 estructuras, la anticipación a 800 casos de acciones criminales, la incautación de cuatro mil 500 armas de fuego y la reducción del 13 por ciento de la criminalidad.
Añadió que a finales de este año se graduarán tres mil nuevos efectivos, que esperan la recepción de mil 300 patrullas. También licitarán dos mil motocicletas para tener más presencia y movilidad en las áreas urbanas.
“Necedad” presidencial
Haber ampliado tres meses más la presencia del Ejército en las calles es una “necedad” del gobierno de Jimmy Morales. Eso opina el politólogo Christhians Castillo, del Instituto Nacional de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. El considera tres aspectos: “Primero. No solo es inútil y caro lo que el Estado le paga a los militares por esas tareas de seguridad. Segundo, genera suspicacia. Pareciera que el Ejecutivo le está devolviendo favores a las fuerzas armadas. Recordemos el famoso bono”, indicó.
Añadió: “Comprar lealtad con la escasa efectividad de los militares en las calles, y el tercer elemento, es que el Gobierno busque en el Ejército un actor que le genere un respaldo al Ejecutivo ante la confrontación que tiene con sectores civiles”.
Para Castillo, resulta desafortunado que Trump condicione la ayuda que Guatemala recibe por combate al narcotráfico. El país ha hecho “todo lo que EE. UU. le ha pedido”. No obstante, los patrullajes militares surgen ahora como condición.
