Tegucigalpa- Tras la petición sobre revocarle la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario a Rosa Elena Bonilla de Lobo, realizada por el ministro para presos políticos y sectores sociales, Pedro Joaquín Amador, el abogado y defensor de los derechos humanos, Edy Tábora, manifestó que su solicitud es un delito de usurpación de funciones.
Este día, miércoles 20 de julio, por medio de sus redes sociales, Tábora dio a conocer su opinión sobre la petición realizada por el ministro Amador.
Según el ministro de Presidencia, la solicitud de revocar la prisión preventiva a Rosa Bonilla, se debe a que se encuentra en situación de riesgo, por ser «una persona especialmente vulnerable».
Para Pedro Amador, la ex primera dama está en riesgo tras la reciente muerte de su hijo Omar Said Lobo Bonilla.
1/2. Es impresionante el desconocimiento del derecho procesal penal por parte de @Pedrojoaquin79 ¿de donde habrá sacado la facultad para presentarse en un caso como PARTE PROCESAL? Presidenta @XiomaraCastroZ no permita que sus funcionarios hagan circo de sus nombramientos. pic.twitter.com/Ha9fOlsUnq
— Edy Tabora (@Edy_Tabora) July 20, 2022
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Ante esta acción, el abogado Tábora manifestó total desacuerdo por medio de su cuenta de Twitter. «Es impresionante el desconocimiento del derecho procesal penal por parte de Pedro Joaquín», dijo.
«¿De dónde habrá sacado la facultad para presentarse en un caso como parte procesal?», publicó.
De igual manera, se dirigió a la mandataria Xiomara Castro, pidiéndole que «no permita que sus funcionarios hagan circo de sus nombramientos».
Por otra parte, agregó que la situación de seguridad de Rosa Elena Bonilla, puede resolverla el Instituto Nacional Penitenciario.
Usurpación de funciones
Por su parte, el abogado Edy Tábora, explicó a Diario TIEMPO que el ministro Pedro Amador «no tiene facultades ni respaldo normativo para realizar este tipo de funciones».
«La función de delegado presidencial es un nombramiento, pero cuáles son sus facultades, no están determinadas en el sistema normativo, ni en el derecho administrativo hondureño», comentó.
De igual manera, explicó que las facultades de Amador están relacionadas a las del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y las del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV).
«Además, esas facultades son limitadas y lo que no puede hacer CONAPREV ni CONADEH, mucho menos él», dijo.
Tábora también explicó que Amador «no comparece a un órgano jurisdiccional como parte procesal a pedir que se cambie la medida cautelar de prisión preventiva a una persona que ya está condenada».
Manifestó que en el sentido que se están realizando estas acciones, se comete «un delito de usurpación de funciones».
Aunado a esto, explicó que la solicitud de revocación de prisión preventiva de Rosa Bonilla, solo podrían pedirla sus abogados, la Fiscalía y la Procuraduría General de la República.
«Esa petición es un delito, está usurpando funciones de la Procuraduría», reiteró.
Por otro lado, el equipo de Diario TIEMPO intentó comunicarse con el ministro Pedro Joaquín Amador, sin embargo, no se obtuvo respuesta.
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