Internacional. Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la oposición, no acudió este viernes a la sede de la Fiscalía que le investiga por la publicación que realizó en internet de datos que le acreditaban su victoria en las elecciones en Venezuela.
El Ministerio Público del régimen de Nicolás Maduro había convocado por tercera vez al candidato opositor para este viernes a las 10 de la mañana, con el propósito de que explicara su presunta implicación en diversos delitos.
Autoridades chavistas acusan a González Urrutia por usurpación de funciones, falsificación de documentos, instigación a la desobediencia, delito informático, asociación para delinquir y conspiración. De no acudir, la Fiscalía ya advertía que entendería que había «peligro de fuga» y «peligro de obstaculización» de las pesquisas.
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Por su parte, la líder opositora María Corina Machado expresó el jueves que a pesar de la amenaza explícita, González no acudiría y seguiría «resguardado». Denunció que Venezuela vive bajo un sistema «totalitario» y habló sobre su temor a que las fuerzas chavistas puedan registrar la vivienda del exdiplomático.
La oposición compartió documentos que demostraban la victoria de González Urrutia en los comicios del 28 de julio. El Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avaló la reelección de Nicolás Maduro.
Tres citaciones ignoradas
El exembajador, de 75 años, ya ignoró dos citaciones anteriores esta semana por considerar que el Ministerio Público actúa como un «acusador político» que lo sometería a un proceso «sin garantías de independencia y del debido proceso».
González Urrutia está en la clandestinidad desde el 30 de julio, cuando apareció por última vez en público. Desde entonces sólo se comunica a través de redes sociales.
De acuerdo con la ley venezolana, la citación no especifica la categoría de la convocatoria: imputado, testigo o experto. Habla de «rendir una entrevista en relación con los hechos que investiga este despacho» por la presunta comisión de «usurpación de funciones» y «forjamiento de documento público», delitos que pueden llevar en teoría a la pena máxima de 30 años de cárcel.
