2016

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Ni el sentimiento mágico del Año Nuevo ni, mucho menos, la demagogia gubernamental pueden desvanecer el pesimismo realista sobre lo que nos espera a los hondureños este año, 2016, que, por la gracia del régimen político, apunta a la continuación apresurada del retraso económico y social.

Nadie quisiera, en su sano juicio, que fuera así, pero las condiciones creadas a lo largo del quinquenio, a su vez reforzadas en los últimos 18 meses de gobierno totalitario, no dejan alternativa hacia un cambio para mejorar, sino todo lo contrario.

Aunque se ofrezca un crecimiento económico de 4,0% a 4,5% en este año, merced a supuestas inversiones billonarias en dólares, tal ilusión se esfuma con solo advertir, para comenzar, las consecuencias del cierre de miles de empresas –grandes, medianas y pequeñas—a causa del arrasamiento tributario de la DEI y el terrorismo económico aplicado con la Ley de Privación de Dominio de Bienes y el despojo sistemático de la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI).

El descomunal efecto de esa política, inmersa en la doctrina de seguridad nacional y de ejercicio inconstitucional, se ha traducido en la pérdida de aproximadamente 300 mil empleos directos e indirectos imposibles de recuperar aún a largo plazo. Y, todavía peor: su repercusión totalmente negativa en el clima de inversiones, tanto para el ámbito local como para el foráneo.

La esperanza, por cierto desorbitada, en el goteo de los 750 millones de dólares de Estados Unidos de América (EUA) para motorizar la Alianza Para la Prosperidad (APP), distribuidos entre El Salvador, Guatemala y Honduras, más un “cachito” para Nicaragua, no serán de entrega inmediata, están sujetos a un compacto filtro anticorrupción, y, además, dirigidos con más gana a la militarización.

Una militarización altamente costosa, por no decir desquiciante de la economía, que junto con el acogotamiento intensivo del pago de la deuda externa y de la acumulación de la deuda interna, deja sin aliento a la inversión pública, que, para colmo, la remite a una desastrosa entrega de los recursos nacionales —-constitutiva de latrocinio fenomenal– al capital aventurero transnacional y a un grupito mercenario del país, con el expediente de las inversiones público-privadas, también inconstitucionales.

El espejismo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), con el aval de la OEA, rápidamente será descompuesto por la realidad del régimen que no resiste el tratamiento a fondo del sistema. Lo veremos pronto, muy pronto, con la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, como parte esencial del contubernio bipartidista en el proyecto continuista del régimen fascista apoyado sustentado en la política imperial.