La perspectiva del proceso electoral, que empezará con la convocatoria a elecciones primarias el próximo año, se remite a la reforma política, ya sea a través de un ajuste de la Ley Electoral vigente o de la emisión de una nueva ley.
Para evitar esa reforma política se presume, de entrada, la falta de voluntad del Partido Nacional (PN) “hecho poder”, ante el supuesto de que controla la aritmética parlamentaria una vez que impuso la ecuación de la mayoría calificada (2/3 de la votación plena), precisamente para tener en esto la sartén por el mango.
La intención declarada de crear una ley especial para regular el financiamiento de los partidos por parte del jefe de la bancada oficialista, Oscar Álvarez (o sea el portavoz de una bancada que, en la práctica, no solamente incluiría a los diputados del PN sino a los adláteres de otros partidos), es simplemente una maniobra de distracción.
La reforma electoral indispensable para darle legitimidad al proceso electoral (elecciones primarias y generales) no se circunscribe al financiamiento de los partidos. Se trata de conjunto de cambios para perfeccionar el sistema, la mayoría de ellos planteados desde hace muchos años, y que tienen que ver con la democratización participativa e inclusiva, pero también con la adecuación a la nueva situación multipartidista.
Doris Gutiérrez, diputada del Partido Innovación y Unidad (PINU), resume la cuestión de manera fatalista: “De nada sirve que los diputados estemos de acuerdo con las reformas políticas porque, al final, quienes lo deciden son los dueños del circo”. En cualquier caso, la regulación del financiamiento de los partidos y de las campañas corresponde a un solo cuerpo legal, la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP).
El tema es muy importante porque, en varios sentidos, conduce a la definición del futuro del país en circunstancias de alta volatilidad, por no decir de intensa y permanente crisis política: El brulote de la reelección presidencial (proyecto viciado de inconstitucionalidad); el imperativo de la segunda vuelta electoral; la reversión del control sectario del Tribunal Supremo Electoral (TSE); el reto de la documentación personal del elector, de la elaboración del padrón electoral y de la transparencia de los resultados de la votación, son, entre otros, puntos de esencial consideración.
Cada proceso electoral tiene sus propias peculiaridades, de acuerdo con las circunstancias en que se desarrolla, y, de hecho, con algunas características irrepetibles. Por ejemplo, el fraude de las elecciones generales de 2013, financiado con el catastrófico expolio de dinero público a cargo del Partido Nacional “hecho poder”, difícilmente será igual en 2017 en todos los sentidos previsibles, incluyendo el de la reelección presidencial a contracorriente de la Constitución y de la opinión pública.
El empecinamiento en la consolidación del régimen totalitario, que busca repetir la maldita experiencia de 2013 con la conservación del sistema político-electoral acondicionado a su medida, proviene de la pérdida del contacto con la realidad. El formalismo “democrático”, ése que se constriñe a elecciones vulgares cada cuatro años, es cosa del pasado, toda vez que el bipartidismo (unipartidismo de fondo) fue superado por el multipartidismo.
Pero también porque la opinión pública en Honduras ha pasado –para decirlo en la concepción estructural—de gaseosa a sólida, exactamente para el rescate de la legitimidad política, de la soberanía popular, lo cual implica, por la fuerza de los valores democráticos, el replanteamiento del sistema y, por qué no decirlo, la refundación del país.
