REDACCIÓN. Un operativo de la Policía Nacional terminó con la captura de Ronald Figueroa, propietario de un bar en el municipio de Tocoa, junto a varios empleados y clientes que se encontraban en el establecimiento. La acción policial ha generado controversia, ya que el comerciante alega contar con todos los permisos requeridos para operar legalmente.
Según el informe oficial, el local fue intervenido por supuestamente incumplir el horario de funcionamiento establecido por la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana. Esta normativa regula estrictamente las actividades nocturnas, especialmente aquellas consideradas ruidosas, como el uso de música alta o altavoces en zonas residenciales. El artículo 153 de dicha ley prohíbe reuniones ruidosas después de la medianoche y contempla sanciones que van desde multas hasta el cierre del local o la suspensión de permisos.
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Sin embargo, Ronald Figueroa cuestiona la intervención policial y asegura que su establecimiento contaba con los permisos vigentes para operar hasta las 2:00 de la mañana los días viernes. “No se puede trabajar aquí. Aunque uno quiera salir adelante”, expresó visiblemente frustrado tras su detención.
El comerciante también lamentó las consecuencias económicas que enfrentará debido a esta situación. “Yo estaba trabajando normalmente, tengo mi permiso. No puedo pagarle a las trabajadoras, tengo que pagar el local. Tendré que cerrar. Ya no se puede, por eso es que muchos jóvenes buscan delinquir, porque no se puede”, reclamó.
El caso ha generado debate entre otros pequeños empresarios del sector nocturno, quienes también enfrentan dificultades para mantener sus negocios dentro del marco legal sin afectar sus ingresos. Muchos consideran que, aunque la ley busca mantener la convivencia ciudadana, se debería garantizar un equilibrio que permita a los emprendedores seguir operando sin temor a represalias injustificadas.
Hasta el momento, las autoridades no han aclarado si revisaron los permisos de operación del establecimiento antes de realizar las detenciones.
