Redacción. El contrato de arrendamiento entre la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y la empresa Génesis Energías, que permitirá la instalación de una terminal de gas natural licuado (GNL) en Puerto Cortés está rodeado de varias incertidumbres y privilegios que generan preocupación.
De acuerdo con el análisis de un rotativo de circulación nacional que ha seguido de cerca detalles del contrato, pese a que se trata de un proyecto de gran envergadura, el acuerdo se ha negociado con condiciones que levantan dudas sobre su transparencia y los posibles beneficios reales para Honduras.
El contrato se firmó el 29 de enero de 2024. Éste otorga a Génesis Energías, una empresa de capital guatemalteco, el derecho de operar una terminal para el GNL destinado a abastecer el proyecto energético de Brassavola en Villanueva, Cortés. El proyecto, gestionado por la Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras S.A. (Cechsa) ha tenido un historial cuestionable, pues originalmente se planteó como una planta de carbón que no se construyó a tiempo.
Recientemente, mediante una modificación de contrato, el proyecto pasó a ser impulsado por diésel y, finalmente, por GNL. La adenda, que amplía la capacidad de generación a 240 megavatios, aún espera su aprobación en el Congreso Nacional.
Cuestionables privilegios
El proceso de arrendamiento de tierras a Génesis Energías ha sufrido críticas por parte de varios analistas y dirigentes comunitarios. Algunos coinciden en que la empresa gozará de privilegios sin la aprobación ambiental correspondiente y sin una licitación pública internacional. Esta situación contrasta con la mayoría de proyectos de Alianzas Público-Privadas (APP) que siguen procedimientos transparentes.
Entre los cuestionamientos que surgen está el hecho de que Génesis Energías pagará apenas 2.5 dólares por metro cuadrado de renta, cuando otros proyectos similares en el país, como el manejo de terminales de carga en Puerto Cortés, pagan mucho más. Igualmente otorga la opción de ampliación del arrendamiento por 40 años, un tiempo mayor al de otras concesiones que no exceden los 30 años.
El costo también es un tema de debate. Se estima que Génesis Energías invertirá aproximadamente 200 millones de dólares, unos 5,000 millones de lempiras, en la construcción y operación de la terminal. Pero la falta de detalles sobre los costos, licitaciones y el impacto real con respecto a los consumidores genera dudas sobre el beneficio en la población hondureña.
Según Kevin Rodríguez, especialista en energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el hecho de que no haya existido una licitación pública internacional genera preguntas sobre la competencia y transparencia del proceso. Rodríguez también cuestiona por qué la Secretaría de Energía no ha estado involucrada, ya que el GNL está directamente relacionado con la generación de energía. Además, lamenta que no se haya realizado un proceso competitivo para definir quién venderá el gas y a qué precio.
Sin claridad
La falta de claridad sobre los costos y las implicaciones para los consumidores es otro de los puntos críticos. En este sentido, el especialista advierte que, si bien el GNL promete ser un combustible más limpio y eficiente, el proceso de adjudicación del contrato ha dejado muchas preguntas sin responder. «En El Salvador, el proceso de adjudicación para este tipo de proyectos fue mucho más transparente. Eso permitió que la terminal de gas avanzara gracias a una licitación pública», añadió Rodríguez.
El contrato de arrendamiento con Génesis Energías no sólo ha sido aprobado de manera directa, también ha comenzado a ejecutarse sin la debida autorización del Congreso, lo que contradice las disposiciones constitucionales que requieren la aprobación legislativa para este tipo de acuerdos. El proceso de contratación directa y la falta de licencias ambientales previas, además, han encendido las alarmas entre la sociedad civil. Diferentes sectores reclaman mayor transparencia en la gestión de estos proyectos de infraestructura.
El acuerdo sigue bajo debate entre las autoridades y la sociedad, y se espera que, con el tiempo, se aclare el impacto real que tendrá el proyecto sobre la economía nacional, los consumidores y el medio ambiente.
