TEGUCIGALPA, HONDURAS. Muchos jueces están incumpliendo el reclamo de cambio de medidas alternas a la prisión preventiva ya vencida, denunció el abogado penalista, Marlon Duarte.
El togado señaló que, esto le está ocurriendo a varios de sus representados legales, durante la pandemia de COVID-19.
Al dar esta información, Duarte expresó que hay un comunicado del Poder Judicial, dentro del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial. En este, establecen que no pueden otorgarse medidas sustitutivas a la prisión preventiva para los privados de libertad que ya han cumplido dos años y medio.
Lo anterior, contó que obedece a que el Poder Ejecutivo mediante un PCM-21-2020 suspendió las garantías constitucionales.
A través de un auto acordado 28-2020 (numeral 8), el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, ordena a los presos realizar audiencias para la revisión de medidas.
Con la revisión, pretenden confirmar quiénes han cumplido el máximo de la prisión preventiva, para aplicar una disposición sustitutiva como lo establece la ley.
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Duarte: No pueden suspender garantías de privados de libertad
Marlon Duarte también mencionó que el Tribunal de Sentencia alegó la negativa de dejar a los privados de libertad con una medida diferente a la prisión preventiva. Esto, debido a que el Ejecutivo suspendió las garantías y derechos constitucionales.
“Es ilógico pensar que se detenga a una persona porque incumplió el toque de queda y la van a tener presa hasta que vuelvan a restituirse las garantías constitucionales”, mencionó.
Tras lo dicho, el abogado sostuvo que esta disposición judicial es un “acto aberrante”. Además, resaltó que aún en estados de excepción los derechos y garantías de los privados de libertad no pueden suspenderse. Recalcó que esto lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Hasta los presos de guerra, según el Tratado de Ginebra en Suiza, establece que tienen derechos y garantías este tipo de procesados”, agregó.
A reglón seguido apuntó: “Me parece una arbitrariedad, que debe corregirse y lo peor de todo esto es que la propia resolución del Tribunal de Sentencia señala que el auto acordado por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia y el pleno de magistrados es simplemente un acto administrativo.
«Ellos están en la libre decisión de interpretar la ley, porque así lo hicieron, perjudicando al imputado deteniendo ilegalmente a todas las personas en toda Honduras que han cumplido la prisión preventiva”, expresó.
Duarte resaltó que en otras jurisdicciones de Honduras, sí otorgaron medidas alternas a los que cumplieron la prisión preventiva. Sin embargo, la situación no sucede igual con algunos de sus representados.
«Esto acarreará problemas a Honduras, por las suscripciones de tratados internacionales que el país forma parte», advirtió.
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